El denominado Comité de Defensa del Transporte Sindicalizado y los choferes de base dieron un plazo de 15 días para que renuncien los dirigentes que recibieron el dinero recaudado del peaje de la Autopista La Paz-El Alto para el Fondo Pro Salud de ese sector en cuentas personales.
“Nos hemos reunido varios exdirigentes y varios choferes de base y se está pidiendo es que renuncie Ismael Fernández porque ya no nos representa, porque él ya tiene una empresa, y también estamos pidiendo la renuncia de Rubén Sánchez, que es ejecutivo de la departamental, porque más de Bs 2 millones están en su cuenta y nunca ha rendido cuentas, no se sabe dónde están esos dineros”, dijo Eddy Condori, exdirigente de los choferes, en un contacto con radio Éxito.
El exdirigente afirmó que dieron 15 días de plazo a Fernández y a Sánchez para que renuncien y llamen a un congreso, caso contrario, ingresarán en un paro general indefinido.
Asimismo, anticipó que activarán un proceso penal en contra de quienes recibieron dinero en sus cuentas personales, reiterando que los choferes de base jamás recibieron ni un solo medicamento financiado con el Fondo Pro Salud para el que van destinados los 20 centavos que recauda Vías Bolivia.
El viernes, los diputados de Unidad Demócrata (UD) Rafael Quispe y Wilson Santamaría presentaron una denuncia en la Fiscalía contra Ismael Fernández, Rubén Sánchez, Fortunato Sirpa, José Antonio Choque, Crisóstomo Choque y Mario Silva, quienes en su descargo dijeron que el dinero está en cuentas mancomunadas y con el aval de un ampliado.
Según la denuncia de los legisladores opositores, Vías Bolivia depositó entre 2008 y 2017 un total de Bs 11.905.191 a cuentas privadas de los dirigentes de los choferes.
El ministro de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, Óscar Coca, explicó la pasada semana que se trata de la retención de Bs 0.20 del peaje como aporte voluntario de los afiliados a la Federación de Choferes Primero de Mayo de La Paz para un fondo que incluye los arreglos de un centro de salud, y descartó que pueda ser fiscalizado por el Estado porque se trata de fondos privados.
En su momento, Sánchez precisó que la transferencia de ese dinero se hizo una cuenta mancomunada bajo el argumento de que la federación no cuenta con el Número de Identificación Tributaria (NIT) que es requisito para una institucional. (18/02/2019)
