El aporte de las mujeres a la generación de riqueza de nuestro país ya no es un tema que esté en cuestión. No solamente porque se ha producido un incremento progresivo en su participación en el mercado laboral, asegurando ingresos familiares, sino también por el trabajo doméstico no remunerado y de cuidado para la sostenibilidad de la vida y cuya valoración todavía ha quedado pendiente.
Actualmente las mujeres representan el 49% de la población económicamente activa del país, y según datos del CEDLA (2017), las mujeres constituyeron el 46% de la población ocupada, el 43% de la asalariada y el 53% de la de trabajadores independientes.
Más trabajadoras; peores condiciones. El incremento de la participación femenina en el ámbito laboral no se ha traducido en mejoras de la calidad de los empleos a los que accede, por el contrario, las mujeres continúan encontrando enormes dificultades en su vida laboral para acceder a empleos decentes. La precariedad sigue siendo una constante del empleo femenino. A pesar de los progresos que se han producido en el ámbito educativo, éstos no se han expresado en mejoras en la posición del trabajo.
La mayor parte de las mujeres trabaja en el ámbito informal o en el trabajo por cuenta propia, que se traduce en limitados derechos laborales, condiciones eventuales, salarios menores que de los hombres, jornadas extendidas, no contribución a los sistemas de protección social, ni los de corto plazo (seguros de salud) ni los de largo plazo (sistema de pensiones) y restricciones para la sindicalización. Adicionalmente, enfrentan situaciones de acoso sexual en el ámbito del trabajo y acoso laboral, además de otras formas de violencia basada en género en el espacio de trabajo.
Segregación. Existe sobrerrepresentación de mujeres en algunos sectores del empleo, es el caso del comercio, manufactura y servicios, especialmente en los sectores de educación y salud.
Brecha salarial. Las mujeres ganan 56 bolivianos por cada 100 que gana un hombre por el mismo trabajo y la brecha persiste en el sector privado.
Distribución de las tareas de cuidado. La creciente participación de las mujeres ha generado importantes cambios en el ámbito del trabajo, pero todavía muy pocos cuando se habla de compartir las tareas de cuidado, que todavía recaen, como tarea exclusiva, sobre las espaldas de las mujeres. Se estima que las mujeres destinan hasta cuatro veces más tiempo en tareas domésticas no remuneradas y de cuidado que los hombres. Aun cuando ellas están empleadas, siguen asumiendo la mayor parte de las labores de cuidado y las tareas domésticas no remuneradas, lo cual limita su capacidad para aumentar sus horas en un empleo remunerado, formal y asalariado.
La demanda de cuidado sigue creciendo, según datos del INE (2017), las personas menores de 15 años son un tercio de la población total. La proyección indica que para 2030 la población de niños y adolescente crecerá a 2.924.000, ampliándose la demanda de servicios de cuidado.
Cada vez más se evidencia la necesidad de encarar un amplio debate sobre el cuidado, que responda a promover la corresponsabilidad social del cuidado entre mujeres y hombres al interior de la familia, el rol del mercado en la provisión de servicios y la responsabilidad del Estado en la formulación de políticas públicas.
Desafíos, cambios de imaginarios. Persisten aún los prejuicios en relación al costo que implica para las empresas el contratar mujeres, por las licencias de maternidad, aunque en realidad un porcentaje muy bajo de trabajadoras acceden a las licencias de maternidad por las condiciones en las que trabajan. De igual manera, continúa muy arraigada la idea de que los hombres son los principales proveedores y sostén de la familia y que los ingresos de las mujeres son simples contribuciones al ingreso familiar. Es fundamental impulsar medidas que articulen los esfuerzos del Gobierno, los sindicatos, las empresas, para armonizar/conciliar la vida familiar y laboral, como base para mejorar las condiciones de inclusión de las mujeres en el ámbito laboral.
Queda como tarea pendiente avanzar en el reconocimiento del aporte de las mujeres con el trabajo doméstico no remunerado y avanzar en la contabilización en las cuentas nacionales. Es una prioridad para avanzar en términos de igualdad en el ámbito del trabajo, reconocer que tanto las mujeres como los hombres tienen el derecho y la responsabilidad de trabajar y de prestar cuidados.
