Un preso cumplió su condena hace cuatro años y contaba con mandamiento de libertad, pero una orden de la asesora de la Gobernación del penal de Palmasola, en Santa Cruz, impidió recobre la libertad. Este caso forma parte de 60 hechos «graves» de violación de derechos detectados en el censo carcelario.
El ministro de Justicia, Héctor Arce, informó este lunes de los resultados preliminares del censo realizado en los 53 recintos penitenciarios de Bolivia entre el 11 y 13 de abril para analizar la situación jurídico-procesal de las personas privadas de libertad y asumir acciones.
“Hemos identificado hasta el momento 60 casos graves de violación de los derechos de las Personas Privadas de Libertad (PPL) (…) Los casos más graves son del recinto de Palmasola, por lo cual Defensa Pública y un grupo de profesionales del Ministerio de Justicia se constituirán en Santa Cruz”, explicó.
También participaron de la recolección de información personal de instituciones como del Ministerio de Gobierno, de los tribunales Departamentales de Justicia, del Servicio de Registro Cívico (Serecí), del Servicio General de Identificación Personal (Segip), Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana (CEUB), y del Instituto Nacional de Estadística (INE).
Una de las medidas urgentes -dijo- es que las salas constitucionales, instancias responsables de precautelar el cumplimiento de los derechos, atiendan acciones de libertad en los propios recintos penitenciarios y restituyan el derecho a las personas privadas de libertad.
Arce mencionó entre los graves casos de violación la permanencia en cárceles de persona sin sentencia ejecutoriada o pese a haber cumplido su sentencia. Existen además personas adultas mayores con discapacidad audiovisual o auditiva, que sufren enfermedades mentales o con un cuadro de salud deteriorado.
“Una persona que hace más de 4 años ya tenía un mandamiento de libertad, sin embargo, se observa que la asesora de la Gobernación del penal de Palmasola habría dispuesto, a través de una orden manual, que ésta no se ejecute y la persona ha sido privada de su libertad indebidamente”, reveló entre uno de los hechos detectados.
En dos meses se harán públicos los resultados del censo. Los datos recabados serán la base para la reforma de la justicia penal. (15/04/2019)
