Considerado el avance más notable de la nueva justicia penal (además de la introducción de los juicios orales), la creación del Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF), establecida en el Código de Procedimiento Penal de 1999, tomó un lustro en hacerse realidad y hoy, 14 años después, sigue siendo una tarea pendiente del Estado y una gran deuda con la sociedad.
En efecto, a días de haberse celebrado el 14° aniversario de la institución llamada a convertirse en el brazo científico del Ministerio Público boliviano, ésta debe lidiar con la indignidad de no tener presencia en todo el territorio nacional y ser continuamente señalada como una de las principales causas de la retardación de justicia en el país, precisamente a causa de su pobreza estructural y la crónica falta de recursos.
Días atrás, a propósito de un reportaje en el que se narran las penurias que deben atravesar las víctimas de crímenes y sus familiares en ciudades intermedias y otras localidades lejanas a las capitales de departamento, este diario reveló que en toda Bolivia hay 53 médicos forenses trabajando para el IDIF, 38 en las nueve ciudades capitales y El Alto, y 15 distribuidos en sendos municipios intermedios.
Los testimonios de quienes deben viajar en busca de los médicos legalistas (o forenses), porque en su localidad no hay uno, dan cuenta no solo de que sin un informe del especialista es poco probable que se pueda acceder a la Justicia, sino sobre todo que la pobreza es tal que a veces víctima y victimario deben compartir el viaje, como sucedió por ejemplo en Pando, cuando una adolescente viajó 12 horas en el mismo coche que el hombre que la había violado.
Al respecto, el Director Nacional del IDIF sostiene que en casos como éste, y muchos otros igual o más dramáticos, son los peritos quienes deben trasladarse hasta las comunidades donde se produjo el delito a investigar; mas es evidente que la norma resulta insuficiente ante la realidad de la violencia y el crimen en todo el país.
La situación no es nueva. En 2013 la Defensoría del Pueblo presentó un informe en el que se evidenciaba que “la cantidad de personal en los IDIF es insuficiente con relación a la cantidad de personas atendidas”, que la falta de personal “dificulta la conformación de áreas especializadas de trabajo” y, sobre todo, que hay la “necesidad de incrementar ítems para médicos forenses, psicólogos y psiquiatras forenses a nivel nacional, que posibiliten una atención oportuna y eficiente a la población”.
Hay, pues, en este ámbito una deuda que no será fácil de cubrir, no solo por la proverbial falta de presupuesto que desde siempre afecta al sistema judicial boliviano, sino sobre todo por el enorme costo que hasta ahora esta falta de voluntad política de parte de las autoridades del Estado ha tenido sobre las víctimas y sus familias.
