Mediante decreto supremo, el Gobierno decidió diferir por 30 meses el plazo para que la Gestora Pública gestione el sistema de administración de pensiones, informó el ministro de Economía y Finanzas Públicas, Luis Arce, quien apuntó a Sysde, la firma contratada para la consolidación del proceso, como responsable de la demora. Se analizan sanciones.
“Ya está publicado (el decreto) que tiene que ampliar por 30 meses el trabajo que tienen que hacer (la Gestora) para que nos dé el tiempo suficiente para poder retomar el trabajo, concluir todo lo que se está haciendo y tener ese sistema que va a beneficiar a todos los bolivianos”, reveló Arce.
El plan de la Gestora Pública de la Seguridad Social de Largo Plazo contempla la instalación de más de 1.200 puntos de atención a diferencia de las cuatro decenas que suman las dos AFP, pero ello demandaría la contratación de más personal en las actuales condiciones debido al trabajo manual, por ello se busca la automatización total de los procesos.
Arce dio la información en una conferencia de prensa rodeado de dirigentes de la Central Obrera Boliviana (COB).
“Donde ha partido el problema es la empresa que se ha contratado para la elaboración del sistema, no es un tema del Ministerio de Economía y la COB, es un problema de la empresa que no está pudiendo ponerse a la altura del desafío que le hemos exigido”, añadió.
La molestia del Gobierno es tal que Arce dijo que los funcionarios estatales hubieran hecho un mejor trabajo que el confiado al privado.
Sysde Internacional INC de Panamá fue contratada en febrero de 2017 y no solo tiene a cargo la migración de los datos, sino la mejora de la gestión de la información.
“Lo que tenía que hacer Sysde era entregar 83 productos de software con 890 adecuaciones normativas operativas del sistema y tenía que migrar el 100% de los datos de ambas AFP, porque son dos sistemas diferentes, para migrar a uno”, explicó Arce.
De los 83 productos, entregó 28, es decir, el 34%. “Faltan 55 productos que tienen que ver con este sistema de gestión de la administración de pensiones de nuestro país, no solo la base de datos”, señaló Arce.
Además, solo presentó 75 adecuaciones a la normativa de Bolivia que representan el 8%. “Este es el mayor de los problemas que tenemos con esta empresa”. No obstante, tiene un avance de la migración de datos del 90%.
Las administradoras Futuro de Bolivia y BBVA Previsión se hicieron cargo de los recursos para la jubilación en junio de 1997 con la promulgación, el 29 de noviembre de 1996, de la Ley de Pensiones.
El 14 de enero de 2015, el Gobierno aprobó el Decreto 2248 que definió la constitución de la Gestora Pública que debía iniciar operaciones en un plazo no mayor a 18 meses a partir de su publicación, fecha que culminaba el 15 de julio de 2016.
No obstante, el Ejecutivo determinó, a través del Decreto 2802, postergarlo hasta el 15 de septiembre de 2017, “porque no podíamos contratar al personal ejecutivo, al gerente”, argumentó Arce.
El 20 de septiembre de 2017, el Gobierno aprobó el Decreto 333 que establecía una nueva ampliación de 18 meses para el inicio de operaciones de la Gestora Pública. Ese plazo vencía este miércoles 20 de marzo.
La supuesta inactividad de la entidad generó críticas desde la oposición, pero Arce aclaró que la entidad ya funciona desde 2018.
“En enero de 2018 la gestora empieza a funcionar y no es que no esté haciendo nada, administra el pago de la Renta Dignidad, una política principal social del gobierno nacional”.
“Adicionalmente en octubre del año pasado pasa administrar Fondo de la Renta Universal de Vejez, es decir las inversiones que se hacen con los recursos que vienen del IDH para pagar la renta dignidad, eso ya viene gestionando”, sostuvo.
Anunció además que se alistan normativas para mejorar la rentabilidad del fondo, venido a menos desde hace varios años. (20/03/2019)
