Hace un tiempo, un grupo de legisladores de oposición envió una carta al presidente brasileño Jair Bolsonaro, solicitándole que se constituya en garante de la Constitución boliviana; argumentando que “la democracia se encuentra en peligro de extinción” y pidiendo interceda ante la CIDH para que ésta emita con mayor celeridad un informe jurídico de la consulta boliviana.
“Quien no conoce a Dios, a cualquier santo le reza” Los legisladores en la parte in fine de su misiva califican a Bolsonaro como la “esperanza de América Latina” (sic). Parece una broma de mal gusto dirigirse al ultraderechista Jair Bolsonaro que abierta y públicamente expresa su desprecio hacia la gente de tez morena, a socialistas, indígenas y comunidad LGBT, cuyas palabras fomentan la incitación al odio racial y se tornan como una luz verde al asesinato impune y la intolerancia, en clara disonancia (la postura del gobernante) con la parte dogmática de la Constitución de su país, que declara instituirse en un Estado Democrático destinado a asegurar el ejercicio de los derechos sociales e individuales, la libertad, la seguridad, el bienestar, el desarrollo, la igualdad y la justicia como valores supremos de una sociedad fraterna, pluralista y sin prejuicios. Como garante no respeta ni su propia Constitución. Una ironía.
Le piden que abandere la democracia a quien en campaña electoral declaró que: “no aceptaría ningún resultado que no fuese su victoria”. Claro está que no es moralmente el mejor y que si nuestros legisladores lo eligieron fue por su desdén hacia el indígena; quién mejor que él para frenar a un indígena como Evo Morales. Bolsonaro opina que “es una vergüenza que la caballería brasileña no fuera tan eficaz como los estadounidenses, que exterminaron a sus indios” (https://dev-qa.la-razon.com//elpais.com/elpais/2018/12/21/3500_millones/1545397256_606928.html.
Vale decir que los referidos asambleístas buscaron una especie de tutela de una persona que menosprecia a los indígenas y ve como mejor futuro su exterminio.
Dejando de lado la precisión jurídica de tratar de explicar lo infructífero de lo pretendido, dado los plazos de la CIDH, sabiendo que estas acciones están más encaminadas a buscar protagonismo que para derrocar al enemigo de ideología y clase, y dado que en política vale todo, ¿será que en esta parafernalia se han detenido por un momento a pensar en el derecho político de las comunidades indígenas a ser representadas en las elecciones generales, dado que la mayoría de las existentes en Bolivia proclamó al binomio Evo-Álvaro? Resulta que ningún candidato que no se haya habilitado en las primarias podrá participar de las generales, así que ningún otro dirigente indígena podría ser delegado o sustituir a este binomio, por preclusión de etapa; por lo que, a decir de la jurisprudencia de la CIDH, retirar a un único representante de los pueblos indígenas constituiría una grave consecuencia para la democracia y una violación a los derechos políticos de sus representados.
Los siguientes son algunos ejemplos de la referida jurisprudencia en la CIDH: “En el presente caso, la referida exclusión significó que los candidatos propuestos por Yatama no figuraran entre las opciones al alcance de los electores, lo cual representó directamente un límite al ejercicio del derecho a votar e incidió negativamente en la más amplia y libre expresión de la voluntad del electorado, lo cual supone una consecuencia grave para la democracia”. (Yatama vs Nicaragua, Excepciones preliminares, párrafo 226)
“Igualmente, cabe destacar, también por la condición de líderes y dirigentes mapuche… que la restricción de los derechos políticos de éstos también afecta a las comunidades de las cuales hacen parte…” (Caso Norín Catrimán y otros [dirigentes, miembros y activista del pueblo indígena mapuche] vs Chile, párrafo 385).
“Asimismo, la comunidad se vio privada de la representación de uno de sus líderes en diversos ámbitos de su estructura social, y principalmente en el acceso al ejercicio pleno de la participación directa de un líder indígena en las estructuras del Estado, donde la representación de grupos en situaciones de desigualdad resulta ser un prerrequisito necesario para la realización de aspectos fundamentales como la inclusión, la autodeterminación y el desarrollo de las comunidades indígenas dentro de un Estado plural y democrático. (Caso Chitay Nech y otros vs. Guatemala. Excepciones Preliminares, párrafo 113)
El Tribunal nota que en el desarrollo de la participación política representativa los elegidos ejercen su función por mandato o designación y en representación de una colectividad. Esta dualidad recae tanto en el derecho del individuo que ejerce el mandato o designación (participación directa) como en el derecho de la colectividad a ser representada. En este sentido, la violación del primero repercute en la vulneración del otro derecho. (Caso Chitay Nech y otros vs. Guatemala. Excepciones Preliminares, párrafo 115)
¿Será aceptable que las comunidades indígenas queden al margen de ésta o cualquier elección del país? ¿Cuál daño es mayor a la democracia, una candidatura que no garantiza una victoria o excluir la representación de la mayoría de los pueblos indígenas, muy al estilo de las usanzas coloniales?
