La Fiscalía precintó un helicóptero y allanó oficinas de la empresa Horizontal de Aviación S. A. relacionada con hechos irregulares en la estatal Unidad Ejecutora de Lucha Integral Contra el Narcotráfico (UELICN), como parte de las investigaciones en la ciudad de Santa Cruz para establecer responsabilidades en este caso.
La Fiscalía Departamental de La Paz verificó que están vacías las oficinas de la empresa Horizontal de Aviación S.A. en Santa Cruz de la Sierra, que fue identificada como la principal beneficiaria de millonarios contratos para el mantenimiento de aeronaves de lucha contra el narcotráfico.
“Se pudo colectar mucha documentación referente a la empresa y los DVR (memorias) de las cámaras de seguridad que permitirán determinar hasta cuándo funcionó. Se tiene las grabaciones del movimiento de la empresa que servirá para la investigación”, informó el fiscal del caso Ronald Chávez.
Las irregularidades fueron denunciadas por la diputada opositora Rose Marie Sandoval, quien reveló que entre 2013 y 2018 la UELICN contrató en una mayoría de convocatorias a la empresa Horizontal de Aviación Bolivia SRL para hacerse cargo del mantenimiento de aeronaves. Además determinó que el dueño de la firma compró materiales de la empresa de su hija y que su esposa alquilaba un hangar militar
Como parte de la investigación también se allanó la vivienda de Nilo H. V., accionista de la empresa AM y M Bolivia Srl, involucrado en la red de presunta corrupción. Se lo citó a través de una notificación pegada en su vivienda para declarar en calidad de sindicado, en tanto que a su esposa en calidad de testigo.
Chávez manifestó que se presume que el empresario abandonó el país.
Otra medida que tomó la Fiscalía es el precinto de un helicóptero en el Hangar 110 del aeropuerto de Santa Cruz, de propiedad de la hija de Nilo H. V..
Por este caso fueron enviadas a la cárcel la exdirectora de la Unidad Jurídica de la UELICN Nancy T. M.; la exencargada de la Comisión de Verificación de Documentación, Mabel F. V.; y Vivian K. F. S., excoordinadora General de la UELICN. Las tres fueron acusadas por los delitos de negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas, incumplimiento de deberes y ejercicio indebido de funciones públicas.
