El arresto domiciliario sin derecho al trabajo del diputado suplente de oposición Amilcar Barral, complica su situación en el Legislativo. El presidente de Diputados, Víctor Borda, recordó que la pérdida de mandato aplica si no asiste seis días continuos, que se contará cuando asuma la titularidad y no asista a sesiones
También se expone el legislador a ser remitido a la Comisión de Ética, ya que es procesado por una denuncia de extorsión en la cárcel de San Pedro. Borda advirtió que si su bancada, Unidad Demócrata (UD), no lo hace, lo hará el oficialismo.
Barral tiene detención domiciliaria sin derecho al trabajo, además debe pagar una fianza de Bs 50.000. Su asistente, Henry Marcelo G. M., fue enviado a la cárcel de máxima seguridad de Chonchocoro con detención preventiva.
La prohibición de trabajar le impedirá asistir al trabajo de comisión y plenaria. “Ahora veremos si no asiste a seis sesiones cuando esté habilitado como diputado titular, podrá venir un nuevo proceso, pero no queremos anticiparnos, eso se determinará posteriormente”, sostuvo Borda.
De acuerdo al inciso h del artículo 28 del Reglamento de la Cámara de Diputados, referido a la pérdida y suspensión de mandato, el abandono injustificado por más de seis días continuos de trabajo y once días discontinuos al año es causal de cesación de mandato.
Omar Durán, abogado del legislador, informó este viernes que su cliente permanecía en celdas judiciales a la espera de que sus familiares puedan reunir el monto de dinero dispuesto por el Juzgado 4° Anticorrupción de La Paz para pagar la fianza. El jueves advirtió también que el hecho de prohibirle trabajar podría derivar en la pérdida de su mandato por inasistencia a sesiones.
Borda también ve necesario llevar el caso a la Comisión de Ética.
“Lo correcto, lo legal, si queremos luchar contra la corrupción, es que la misma bancada de UD plantee una denuncia, si no lo hace, vamos a tener que hacer la bancada del MAS, en el transcurso de la siguiente semana”, advirtió.
Barral es acusado de pedir dinero al exalcalde y delegado de los privados de libertad Édgar Patana para evitar una fiscalización sobre el manejo de recursos económicos de los kioskos instalados en el penal. El legislador negó la denuncia, aunque reconoció tener contacto con presos y que su asistente acudió al penal.
Un interno del penal fue el intermediario que pidió el dinero y lo entregó al asistente de Barral, según la Policía. Se habló inicialmente de Bs 8.000 pero luego se encontró solo Bs 6.500 en el sobre que entregó el intermediario de la cárcel.
Durán anunció que apelarán la decisión tomada en la audiencia de medidas cautelares del jueves.
Borda explicó que el procesamiento de Barral en la Comisión de Ética podría derivar en su destitución del cargo. (7/06/2019)
