La Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, emprenderá este miércoles una visita a Venezuela para palpar la crisis, que se profundiza al calor de la lucha de poder y sanciones de Estados Unidos.
Tres meses después de que una misión de su oficina allanara el terreno, Bachelet llegará invitada por el presidente Nicolás Maduro, durante cuyo gobierno -iniciado en 2013- la otrora potencia petrolera cayó en la peor recesión de su historia moderna.
La diplomática, quien se reunirá este miércoles con Maduro, permanecerá hasta el viernes cuando hará una declaración final.
Según la ONU, desde 2015 unos cuatro millones de venezolanos emigraron por la crisis, marcada por escasez de bienes básicos, una hiperinflación que el FMI proyecta en 10.000.000% para 2019, el colapso del sistema de salud y fallas en los servicios públicos.
La visita no escapa al pulso entre Maduro y Juan Guaidó, jefe del Parlamento quien se autoproclamó mandatario encargado hace cinco meses con apoyo de medio centenar de países, liderados por Estados Unidos.
Maduro reivindica que Bachelet llega con su venia, mientras Guaidó sostiene que "es un logro de la protesta" para exigir la salida del líder socialista, a quien tilda de "ilegítimo".
"El régimen va a tratar de invisibilizar los problemas", advierte el opositor, pero Bachelet ha dicho que verá a todos los actores, incluidas "víctimas de abusos y de violaciones de derechos humanos", para "no ser parte de ningún tipo de estrategia".
La visita podría "visibilizar más la crisis" y motivar a la Unión Europea a "aumentar la presión", dijo a la AFP el internacionalista Mariano de Alba.
– País en estado crítico
La expresidenta chilena se encontrará con un país cuya economía se redujo a la mitad entre 2013 y 2018, y donde la producción petrolera perdió dos millones de barriles diarios en la última década, según cifras oficiales.
Una situación que ha llevado a que un cuarto de la población, equivalente a 7 millones, necesite ayuda humanitaria urgente, según un informe de la ONU que muestra un aumento de la desnutrición y las enfermedades.
Se estima que 22% de los menores de cinco años sufren desnutrición crónica y 300.000 pacientes están en riesgo por falta de tratamientos y medicinas, de acuerdo con ese estudio.
La avanzada de Bachelet constató en marzo la precariedad de los hospitales; antes, la propia comisaria manifestó que la negativa del gobierno a reconocer las dimensiones de la crisis hace que la respuesta de las autoridades sea insuficiente.
"Estamos pidiendo a la Michelle Bachelet para que vea lo que está pasando en nuestro país, en Venezuela, no es una mentira como dicen los voceros del Gobierno que no está pasando nada", dijo Pedro Amado, vocero de un grupo de trabajadores petroleros en huelga de hambre desde el 30 de mayo en Caracas para reclamar pagos atrasados.
Bachelet, quien prepara un informe sobre Venezuela, también ha denunciado la "reducción del espacio democrático" y la "criminalización de la protesta".
A inicios de este año, con motivo de manifestaciones, refirió denuncias sobre "uso excesivo de la fuerza, asesinatos, detenciones arbitrarias y torturas" por parte de organismos de seguridad.
Familiares de presos por motivos políticos (unos 715 según la ONG Foro Penal) le piden que interceda por su libertad. Maduro niega la existencia de "presos políticos".
"Esperamos que pueda reunirse (…) con los hijos, hermanos, esposas de todas las personas que han sido ejecutadas extrajudicialmente", declaró a la AFP Carolina Jiménez, directora de investigaciones para las Américas de Amnistía Internacional.
El lunes, el diputado opositor Gilber Caro fue liberado tras casi dos meses de arresto, pero otro colega está preso y 14 refugiados en embajadas o en la clandestinidad por apoyar un fallido alzamiento militar contra Maduro, liderado por Guaidó, el 30 de abril.
El Parlamento, único poder en manos de la oposición, pidió el martes los "buenos oficios" de Bachelet por esos políticos y que establezca una oficina permanente en Venezuela.
– Temor por sanciones
Al tiempo que denuncia el deterioro de los derechos humanos, Bachelet critica las sanciones de Donald Trump para asfixiar a Maduro, apoyado por los militares, Rusia y China.
Teme que la prohibición de transar crudo venezolano en Estados Unidos repercuta sobre los "derechos básicos y el bienestar de la población", en un país donde el petróleo financia 96% del presupuesto.
Maduro sostiene que los castigos de Trump dificultan la importación de alimentos, medicinas e insumos hospitalarios, y en abril autorizó el ingreso de ayuda de la Cruz Roja.
Bachelet "ratificará su escepticismo ante las sanciones, pero también reflejará situaciones que dejarán al régimen de Maduro en una peor posición", estima De Alba. (19/06/2019)
