Tras la polémica por la coincidencia entre las fotografías de su campaña electoral para las elecciones judiciales de 2017 y el operativo en la casa del procesado por narcotráfico Pedro Montenegro, la magistrada Joyce Lizeth Choquerive Sossa admitió que estuvo en ese domicilio, pero aclaró que sostenía una “simple amistad” con los propietarios y negó conocer los antecedentes del narcotraficante y su proceso en Brasil.
La magistrada suplente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) por Santa Cruz admitió —en una declaración de prensa en la que leyó una misiva dirigida al fiscal departamental Mirael Salguero— que “efectivamente realicé una sesión fotográfica con fines únicamente publicitarios”.
Ese inmueble ubicado en el barrio La Palmas de Santa Cruz fue allanado en medio de los operativos de búsqueda de Montenegro. Se descubrieron varias ostentaciones y lujos, una piscina y lámparas costosas en forma de araña, las mismas que Choquerive usó como fondo.
La magistrada explicó que, en medio del proceso electoral, “como candidata, solicité permiso a los dueños del inmueble (…) que coincidentemente hoy resulta incautado (a Montenegro)".
Luego argumentó: “efectivamente realicé una sesión fotográfica, con fines únicamente publicitarios de mi persona, ya que el lugar ofrecía un ambiente amplio y distinguido” y aclaró que “la relación de simple amistad (de grado no frecuente o asiduo) con la señora Jenifer Rodríguez Vargas y su esposo, como propietario, me permitieron efectuar dicha actividad”.
La Fiscalía había iniciado en las horas precedentes las primeras pesquisas para establecer si existen vínculos entre Choquerive y el procesado por tres delitos, entre ellos legitimación de ganancias y tráfico ilícito de sustancias controladas.
“Lejos de conocer el grado hoy revelado en las investigaciones policiales de las actividades de las reales actividades presuntamente delictivas de dicho propietario no tuve conocimiento y por ende conciencia del riesgo al que me expuse al grado que actualmente se ha llegado a cuestionar mi dignidad, mi honestidad, ética y moral como ciudadana, madre y profesional”, reseñó.
Añadió que “en honor a la verdad y sin interés de mancillar la imagen de la familia Montenegro-Rodríguez, hoy procesados penalmente, debo aclarar que mi persona no conocía sobre la existencia de la orden de detención para fines de extradición” de quien fuera el más buscado del país hasta el 11 de mayo, cuando se entregó.
“El haber actuado de manera consciente, me expondría a ser parte del encubrimiento, asociación delictuosa o confabulación; segmento de la sociedad, al cual mi persona y mi familia no pertenecemos”, remarcó la magistrada suplente.
La Policía investiga los nexos de Montenegro con autoridades policiales y del Órgano Judicial y aún busca a la esposa de Montenegro, María Jennifer Rodríguez, a quien pese a varios allanamientos no puede encontrar.
Sin embargo, estos operativos han coadyuvado a dar con el paradero de la madre y hermano de la mujer “que indudablemente estaban vinculados a las actividades que realizaba su esposo”, informó el martes el jefe de la fuerza anticrimen de Santa Cruz, Jhonny Aguilera. (15/05/2019)
