Federico Jiménez Rúa, exjuez de garantías de Santa Cruz, declara la tarde este jueves en la Fiscalía Departamental de Sucre por presuntamente haber incumplido el auto supremo de extradición del acusado de narcotráfico Pedro Montenegro. A su llegada a la capital negó haber conocido al supuesto narco y aseguró que el fallo constitucional del caso lo exime de responsabilidades.
“Estoy tranquilo, voy a declarar, no me voy a negar, voy a explicar todas las preguntas que me hagan porque no tengo nada que esconder. En ese tiempo nadie sabía quién era Pedro Montenegro, por suerte no lo conocí porque la acción (de libertad) que se interpone es de su esposa. No lo he visto ni lo conozco”, señaló el jurista.
La orden de aprehensión con fines de extradición contra Montenegro fue emitida por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en 2015, pero el juez Jiménez, quien en ese entonces dirigía el juzgado de Partido Mixto de Sentencia, Niñez y Adolescencia de Cotoca, dejó sin efecto el mandamiento meses después por efecto de una acción de libertad presentada por María Jennifer R. V., esposa de Montenegro.
El Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), mediante Sentencia Constitucional 0711/2016 firmada por el magistrado Efrén Choque en julio de 2016, revocó la resolución del juez Jiménez, sin embargo el sindicado por narcotráfico no fue detenido por la Policía, denunció el diputado opositor Tomás Monasterio.
Jiménez debía declarar la mañana de este jueves, pero su cita fue diferida hasta finales de la tarde por la ausencia de uno de los fiscales, informó el representante del Ministerio Público de la Unidad de Delitos Anticorrupción, Cristian Durán.
El viceministro de Transparencia Institucional y de Lucha Contra la Corrupción, Diego Jiménez, denunció al exjuez de Cotoca en la Fiscalía por el delito de prevaricato debido a que consideran que favoreció a Montenegro.
“Vamos a suponer que nos sorprendieron (Montenegro y su esposa), pero la sentencia salió en diciembre de 2015 y la otra sentencia salió en junio de 2016, con la cual volvía a entrar en vigencia el mandamiento (de extradición)”, apuntó el sindicado, quien también observó por qué el caso se lleva en Sucre y no en Santa Cruz, donde supuestamente se cometió el ilícito.
Además, afirmó que “si yo hubiera actuado en forma incorrecta, el TCP me hubiera dado la responsabilidad y no me dan ninguna responsabilidad. Más al contrario, en el punto 2 (del fallo) dice que se investigue en el Tribunal Supremo y el Ministerio Público. Eso, hace más de tres años”, señaló el jurista tras acusar a la prensa de tergiversar la información en este caso. (06/06/2019)
