Hace poco, el presidente Evo Morales expuso sus dudas acerca de las políticas de lucha contra la corrupción hasta hoy implementadas. ¿Qué se hizo y qué no? ¿Qué hacer ahora? En 2006, con la creación del Viceministerio de Lucha contra la Corrupción y Transparencia, Bolivia empezó a aplicar políticas públicas anticorrupción específicas y sistémicas, centradas en lo principal en una persecución penal rigurosa, aparte de implementar la transparencia y el control social en la gestión pública.
Al frente de Nardi Suxo y Lenny Valdivia, bajo el mandato de “cero tolerancia a la corrupción e impunidad, con plena transparencia en el manejo de recursos públicos y vigencia de mecanismos de control social”, establecido en el Plan Nacional de Desarrollo (PND) de 2007, se aprobó un conjunto de normas anticorrupción y se ejecutaron distintas políticas de amplio alcance. Se sancionó la Ley 004 Marcelo Quiroga Santa Cruz (2010), pilar de la política gubernamental; el Decreto 214 de la Política Nacional de Transparencia y Lucha contra la Corrupción (2009), la Ley 341 de Participación y Control Social (2013), la Ley 458 de Protección de Testigos y Denunciantes (2013) y la Ley 974 de Unidades de Transparencia (2017).
Se ejecutaron políticas de investigación y juzgamiento de casos de corrupción, estrategias de verificación de declaraciones juradas de servidores públicos, un sistema de inteligencia patrimonial para detectar casos de enriquecimiento; se implementó unidades de transparencia e institucionalizó el control social y las rendiciones públicas de cuentas; se incorporó la ética y la lucha contra corrupción en la educación escolar, y se avanzó en la gestión de riesgos de corrupción en entidades públicas. También se creó el Consejo Nacional de Lucha contra la Corrupción.
Los logros descritos fueron afectados por un sistema penal corrupto, anticuado y poco eficiente, los escándalos de corrupción ocurridos y la desaparición del Ministerio de Transparencia. El actual ministro de Justicia, Héctor Arce, a pesar de las dificultades anotadas, dio continuidad a las políticas, a la implementación de la Ley 974 y el trabajo de la Comisión Interinstitucional de Lucha contra la Corrupción (“Comisión de Acción Inmediata”) para investigar y procesar casos relevantes.
No todos los esfuerzos dieron resultados, pero es evidente que la estructura institucional anticorrupción desarrollada permitió, más allá de los objetivos específicos, respaldar las transformaciones económicas, políticas y sociales del país. En esta línea, lo que corresponde ahora es profundizar la lucha contra la corrupción apuntando a la persecución de las “ganancias de los corruptos”, el uso de las tecnologías de información y comunicación (TIC) y el big data en anticorrupción, la reingeniería institucional, anticorrupción en el sector privado y estrategias de prevención y transparencia innovadoras. Algunas ideas: 1) incorporar los delitos de corrupción al ámbito de la figura de la extinción de dominio, vigente para narcotráfico (Ley 913); 2) aprobar una ley anti-nepotismo con sanciones; urgiendo además una política de incorporación de talento humano en la administración pública, bajo criterios meritocráticos y de transparencia; 3) reformular la aplicación de las rendiciones públicas de cuentas, que deben ser “efectivas”; una gestión negligente o deficiente debe ser sancionada; aquí, recordar que la aprobación de una Ley de Acceso a la Información es todavía una deuda; 4) implementar una política activa de detección de corrupción en las entidades; las unidades de transparencia (UT) deben investigar de oficio, como manda la Ley 974; la evaluación de riesgos interna puede ser instrumento facilitador; 5) adoptar una política de “blindaje” de las contrataciones directas para transparentarlas; las UT deben cumplir su rol de “observadores activos” y promotores de cancelaciones, cuando corresponda, como establece la Ley 974; se debe elaborar guías de alerta temprana para detectar contrataciones de “alto riesgo”; 6) renovar totalmente a los operadores del sistema penal; éste no acompaña adecuadamente la lucha contra la corrupción; la única solución es una renovación total, tal como se efectuará en la oficina de Derechos Reales; 7) incorporar la figura del agente encubierto, las escuchas telefónicas, la colaboración eficaz y la compensación al informante para delitos de corrupción, como sucedió en materia de narcotráfico; 8) establecer una Autoridad Anticorrupción, autónoma, que reemplace al Viceministerio para fortalecer la lucha contra la corrupción; 9) desarrollar un programa de investigación patrimonial permanente para la Policía, Fuerzas Armadas, Órgano Judicial, Legisladores y entidades clave como YPFB, ENDE, entre otras, al igual que un programa específico para la indagación patrimonial de servidores participantes en contrataciones públicas, que incluyan allegados y amigos; 10) crear dentro del Viceministerio una unidad de formulación y evaluación de políticas anticorrupción, incluyendo reformas legislativas, bajo criterios de innovación e interdisciplinariedad; 11) establecer una política de datos abiertos anticorrupción, implementando una plataforma digital de datos abiertos anticorrupción; alentar la “reutilización” de estos datos por investigadores, periodistas y universidades para detectar corrupción; el big data, open data y star ups cívicos pueden contribuir en la detección de patrones, relaciones y asociaciones de patrimonios personales; en suma, ir a la “anticorrupción digital”; 12) reformar la Ley 004, pues tras cumplir una etapa, requiere ser mejorada; el Consejo podría encabezar esta tarea; 13) implementar un plan anticorrupción en el sector privado empresarial, en normas contables y de auditoría y el régimen sancionatorio en contrataciones; transparencia, ética y participación; denegación de la deducción tributaria por corrupción, entre otros; los mandatos del Pacto Global de Naciones Unidas y las convenciones internacionales deben cumplirse; y, 14) consolidar el Gobierno Electrónico para transparentar y hacer más eficiente la provisión de servicios, y con la digitalización de trámites y procedimientos, reducir riesgos de corrupción.
