El Gobierno anunció más operativos de control en carreteras y en distintas localidades de los Yungas con el argumento de evitar el uso de dinamitas u otros explosivos, ante el conflicto con cocaleros de esa región.
La tensión entre productores y autoridades de Gobierno se avivó tras el operativo policial registrado la madrugada del viernes, cuando uniformados del Departamento de Análisis Criminal (DACI) intervinieron instalaciones de la Asociación Departamental de Productores de Coca (Adepcoca), en La Paz, tras una denuncia de que en ese lugar había dinamita.
“Vamos a incrementar el control, no entiendo el por qué tiene que haber tanta carga explosiva en un mercado de coca; entonces, se ha ordenado un control más riguroso en las trancas de entrada y salida a los Yungas; de acuerdo con la Ley de Armas, la tenencia de dinamita y masas explosivas constituye un delito”, informó ayer a La Razón, José Luis Quiroga, viceministro de Régimen Interior.
La autoridad justificó las operaciones policiales porque, según dijo, tienen que ver con la necesidad de evitar daños. La semana anterior, la Policía halló en un minibús 124 cartuchos de dinamita y documentos membretados con el logotipo de Adepcoca.
La madrugada del viernes, en el marco de una acción directa —y tras una denuncia— personal del DACI halló cuatro masas explosivas en dicha sede de los productores de la hoja de coca. Pero éstos denunciaron que se trataba de una “intervención ilegal”, con el fin de capturar a Sergio Pampa y Roberto Chiri, dirigentes de esa organización implicados en el asesinato de Eduardo Apaza, del Consejo de las Federaciones Campesinas de los Yungas de La Paz (Cofecay). Intereses de orden político enfrentan a los afiliados de Adepcoca y de Cofecay, estos últimos afines al oficialismo.
El autor confeso de ese hecho, Artemio Surco (ahora detenido), aseguró que Pampa y Chiri le pagaron Bs 15.000 para matar al dirigente yungueño. Ambos sindicados se han declarado en la clandestinidad, pues temen ser detenidos por efectivos de la Policía.
APRESTOS.
Para los cocaleros —según su abogado, Omar Durán—, el anuncio de más operativos “es una acción política del Gobierno para intimidar a la dirigencia. La organización está en emergencia porque hubo un allanamiento, seguido de robo agravado de dinero, computadoras, equipos y televisores.
El lunes vamos a sentar una denuncia contra los autores, quienes han permitido el mal uso de la Policía”.
El jurista informó que, al momento, las labores en el mercado de coca se desarrollan con normalidad. En tanto que, José Luis Campos, dirigente de Adepcoca, adelantó que entre el lunes y miércoles se activarán movilizaciones y el bloqueo de caminos. “Queremos cerrar todo el norte y sur de los Yungas, y parte de la provincia Inquisivi, donde se produce la coca”, indicó Campos. (Más información en la edición impresa de La Razón) (23/0672019)
