Un informe de la Defensoría del Pueblo retrata la difícil situación en la que viven los privados de libertad, con un hacinamiento de 225% y vulneración de derechos como a la salud y educación. Hay contabilizados portadores de VIH y Sida sin acceso oportuno a medicamentos.
“Volcar la Mirada a las Cárceles” – Situación de vulnerabilidad de las Personas Privadas de Libertad en las cárceles de ciudades capitales de Bolivia, es el título del trabajo presentado este martes por la defensora interina, Nadia Cruz.
“Las personas privadas de libertad se encuentran en limitadas condiciones de vida. El hacinamiento a mayo de 2018 ha oscilado en promedio el 225%, (hay) evidentes vulneraciones de derechos en cuanto a la salud y educación, la mala alimentación, el deficiente acceso a los servicios básicos y de infraestructura, así como la ausencia de programas efectivos en reinserción social”, resumió.
Gran parte de los privados de libertad son detenidos preventivos, es decir, sin sentencia. Con la finalidad de resolver esa problemática, la Defensoría del Pueblo elaboró un conjunto de recomendaciones para “gestionar la prosecución penal” referida a las causas privativas de libertad, dirigida a diferentes instituciones.
Durante la investigación también se identificó “falta de sistemas de registro de las personas que ingresan a los centros penitenciarios». Cruz destacó la decisión de llevar adelante «el censo carcelario porque va a permitir identificar estos casos y asumir medidas en el momento”.
Se estableció la existencia de “704 personas adultas mayores, que no cuentan con atención geriátrica y especializada” y que no tienen acceso a su Renta Dignidad, así como 39 personas con capacidades diferentes sin la posibilidad de movilización, y 19 pacientes siquiátricos en 7 centros penitenciarios.
También fueron contabilizados 272 internos con VIH-SIDA y VIH sin condiciones sanitarias ni acceso oportuno a los antirretrovirales o equipos multidisciplinarios para su tratamiento.
(26/02/2019)
