El dueño de Leclere & Asociados, Jhasmani T. L., en sus declaraciones ampliatorias denunció a 24 jueces por favorecer a sus ocasionales clientes, aunque no presentó pruebas. Se prevé que hoy acuse a los fiscales que eran parte de su consorcio.
“Dos ya no ejercen, pero la mayoría están ahí, sentados. Son 24”, dijo el procesado. Durante dos jornadas, Jhasmani T. L. informó con detalle ante el Ministerio Público qué jueces lo ayudaron a resolver procesos judiciales a favor de sus clientes. Hoy, la declaración continúa y según el abogado dará los nombres de los fiscales que formaron parte de su red.
Anticipó que tiene testigos, que son sus clientes, que estarían dispuestos a declarar, para quienes pidió “protección”.
“Para que se sepa, la entrega ha sido efectiva, el dinero lo depositaban ellos, para que no piensen que yo me quedé con el dinero”.
Aunque ofreció dar a conocer nombres al terminar la jornada —la declaración ampliatoria fue reservada— se excusó con el argumento de que en el Ministerio Público le recomendaron proceder cuando termine de citar a los fiscales que “trabajaron” con él.
“La fiscal (Faridy Arnez) reconoce mi derecho de hablar y, cuando terminemos con los fiscales, puedo acceder a mi derecho. Hay más fiscales que jueces”.Por la mañana, y cuando la cantidad de implicados en el caso Consorcio aún eran 17, el Consejo de la Magistratura solicitó desde Sucre a la distrital de Cochabamba un informe oficial, dijo su presidente, Gonzalo Alcón.
Si en los informes se encuentran indicios de responsabilidad, penal o administrativa, se actuará de acuerdo a ley, es decir con el procesamiento disciplinario, que puede derivar en su destitución o en la remisión de los antecedentes al Ministerio Público.
“Hasta ahora no tenemos nada oficial. Como Consejo de la Magistratura en Cochabamba somos parte del proceso. La encargada distrital del Consejo está presente en la ampliación de la declaración y nos va a informar”.
Mientras tanto, el Ministerio Público espera la presentación de pruebas para iniciar formalmente sus investigaciones.
El denunciante aseguró que existen documentos y testigos que respaldan sus palabras. “No puedo acusar sin pruebas”. Sin embargo, para hacerlo, “debo recuperar mis teras”, dijo en referencia a las memorias que la Fiscalía secuestró de su bufete, y que el policía Jorge Armando T. le devolvió luego de cambiarlas por dispositivos que estaban en blanco.
Jhasmani T. L. detalló que la mayoría de los jueces implicados son de las jurisdicciones de la capital departamental y de Sacaba.
“Ellos se vinculan conmigo en la toma de decisiones. A mí me pagaron por sacar a personas inocentes y he ultimado todo para lograr este objetivo”.Añadió que contactaba a jueces y vocales a cargo de los juicios de sus clientes y “todo se transaba en oficinas judiciales, no podía reunirme en cualquier lugar con (ellos). Iba y les proponía, sin tanto romance, ayudar al cliente. Tenía que convencerles”.
El mayor monto que pagó por esa “ayuda” fue de $us 15.000, dijo. “Entre 10.000 y 15.000 era para los casos de homicidio, asesinato y de violación”, sostuvo.
El dueño de Lecrere & Asociados tiene cinco causas abiertas por diversos delitos, en los que hay 11 víctimas, 29 implicados; entre miembros de su bufete, vocales, un fiscal, policías y clientes; 21 están detenidos en diversas cárceles, tres tienen detención domiciliaria y hay cinco prófugos.
