Los diputados de Unidad Demócrata (UD) Wilson Santamaría y Rafael Quispe plantearon al Gobierno que la retención de 20 centavos que se hace a los choferes por el uso de la autopista La Paz-El Alto pase a tuición del Ministerio de Salud en beneficio de sus 34.000 afiliados que se pueden beneficiar del Seguro Universal de Salud (SUS).
Propusieron además que el Ministerio de Obras Públicas, mediante la Contraloría, establezca las vías legales que deben seguir los acuerdos entre dirigentes de este sector y Vías Bolivia en lo referido a las trasferencias de aportes a cuentas particulares.
“La Contraloría debe establecer a través de una auditoria si el procedimiento aplicado para esta retención es correcto. En ninguna parte de la ley un funcionario público puede hacer la retención del pago de algún servicio y, al final, sin la verificación de otra institución entregar esos recursos; estas dudas nos motivan a pedir una auditoria especial, que verifique la licitud del acuerdo, los procedimientos de transferencia y los funcionarios acreditados”, señaló este jueves Santamaría durante una conferencia de prensa.
Dijo que existe un grupo de dirigentes que se niegan a rendir cuentas. “No han manejado estos recursos de forma transparente y ahora la Contraloría debe hacer su trabajo. ¿Cómo se hace el control?”, afirmó.
Quispe destacó las iniciativas de intervenir en este caso como la de la directora de la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF), Teresa Morales, con sus anuncios de investigar de oficio a dirigentes que recibieron depósitos de Vías Bolivia. “Vamos a pedir que se investigue a todos los dirigentes que han recibido el dinero en cuentas particulares (…). El Estado, a través de Vías Bolivia, ha depositado a cuentas particulares”, insistió.
Asimismo, ambos legisladores solicitaron al presidente Evo Morales que el acuerdo para las transferencias “quede sin efecto” y perfilaron que los aportes del transporte federado acumulados mensualmente sean trasferidos al Ministerio de Salud para que esos recursos «puedan beneficiar al seguro universal de salud en La Paz y a los más de 34.000 afiliados a la federación de choferes”.
De acuerdo a Santamaría, además de la clínica de los federados que no fue entregada, existe un total de “Bs 17 millones que necesitan ser transparentados». (28/02/2019)
