El expresidente y candidato por la alianza opositora Comunidad Ciudadana (CC), Carlos Mesa, responsabilizó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de “debilitar" la democracia en la región y Bolivia con la demora de su pronunciamiento sobre la pertinencia de usar el Pacto de San José para validar la repostulación indefinida de candidatos a la presidencia.
“El silencio y la dilación de la #CIDH para pronunciarse sobre el Art 23 del #PactoDeSanJosé usado para justificar postulaciones ilimitadas, está debilitando la democracia en la región, especialmente en Bolivia donde el voto soberano las rechazó. La cautela se vuelve complicidad”, reseñó el exgobernante en su cuenta en Twitter.
Por inicitiva del oficialismo, los bolivianos acudieron a las urnas el 21 de febrero de 2016 para decidir si se reformaba o no el artículo 168 de la Constitución Política del Estado (CPE) para que los mandatario postulen de forma continua más de las dos veces de manera continua como fija la Constitución y así habilitar la repostulación de Morales. De hecho, la pregunta citaba las elecciones 2019.
El 51,3% votó en contra de la modificación y el 48,7% por el Sí. Pero el oficialismo acudió al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) y planteó un recurso para hacer prevalecer los derechos políticos de los gobernantes que están reconocidos en el Pacto de San José de Costa Rica.
Un año y medio después, a fines de noviembre de 2017, el TCP falló en favor del pedido oficialista. Mediante auto constitucional declaró “la aplicación preferente del artículo 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos por ser la norma más favorable en relación a los Derechos políticos”.
Un par de meses antes, en octubre, la oposición y el oficialismo llevaron sus posturas hasta la misma CIDH.
Delegaciones de ambos bandos expusieron sus argumentos, pero fue ahí que un bloque de cinco opositores, entre ellos Mesa, denunció al Gobierno, a los legisladores oficialistas y al TCP por la supuesta violación del Pacto de San José de Costa Rica en su afán de repostular al presidente Morales en 2019.
La denuncia opositora advirtió que “al admitir esta demanda, el Tribunal Constitucional usurpa las funciones del poder constituyente y del cuerpo electoral constituido en soberano que ya tomó una decisión con efecto obligatorio, inmediato y vinculante en el referendo del 21 F”.
Luego añade que “está en juego en esta petición la sobrevivencia de la democracia y el Estado de Derecho en Bolivia, y además de los derechos políticos invocados, también está en juego el respeto a la Carta Democrática Interamericana de la OEA”, que fija “el acceso al poder y su ejercicio con sujeción al estado de derecho…”.
Pero el fallo constitucional dio un giro al asunto. Para los detractores de la administración de Morales con esa decisión se habían desconocido los resultados del 21F y por ende el voto del pueblo y, por ello, alentaron movilizaciones que no han parado hasta hoy, que fueron replicadas con movilizaciones en favor de la repostulación de Morales.
“El Pacto de San José de Costa Rica jurisprudencialmente habilitó la repostulación de muchos presidentes que se han presentado a las elecciones en distintos países de la región, de tal modo que no es un favor de los magistrados que tienen asiento en Sucre”, explicó en ese entonces el ministro de Gobierno Carlos Romero.
En una reciente visita a Bolivia, el 17 de mayo, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, dijo que “si el tema se va a resolver hoy en el sistema interamericano con el nombre de Evo Morales y decir que Evo Morales no puede participar, eso sería absolutamente discriminatorio con los otros presidentes que han participado en procesos electorales sobre la base de un fallo judicial”, afirmó.
Casi un mes después y consultado por el mismo asunto en un entrevista con la cadena CNN, Almagro precisó que “es una posición institucional que tiene que ver con la practica en los Estados partes de la OEA. Este no es el primer caso en el cual se invoca a la reelección como un derecho humano, es el cuarto caso”.
Mesa fue entrevistado, en las horas precedentes, por la misma cadena de televisión internacional y dijo que la interpretación del artículo 23 “es una decisión política. Mi impresión es que si el Sistema Interamericano no es capaz de algo tan básico como una interpretación de un artículo que está dañando seriamente a la democracia de la región hay algo que está funcionando mal” (12/06/2019)
