El suspendido alcalde de Cochabamba José María Leyes logró beneficiarse este lunes con la detención domiciliaria en el caso Mochilas I, pero permanecerá en la cárcel porque mantiene la detención preventiva por el caso Mochilas II.
Humberto Trigo, abogado de Leyes, informó de la determinación judicial y aseguró que es una prueba del actuar apegado a la ley en la compra de las mochilas para los estudiantes de unidades públicas.
En la audiencia de cesación a la detención preventiva, Leyes logró la detención domiciliaria. Además la Justicia le impuso el pago de una fianza de Bs 200.000, arraigo o prohibición de viajar al exterior y no acercarse a los testigos del proceso.
“Existen varios puntos que absuelven al Alcalde y que indican que el proceso de contratación ha sido establecido por ley, legal y de acuerdo al Decreto Supremo 181”, sostuvo el jurista.
La denuncia fue presentada el 3 abril de 2018 por un presunto sobreprecio de Bs 11 millones en la compra de mochilas y material escolar para la gestión 2018. Los 93.000 morrales, tenían un costo de Bs 12,4 millones y la adquisición hecha por la Asociación 26 de Febrero, en China, fue por Bs 1,4 millones.
Un informe del Instituto de Investigación Forense (IDIF) se constituyó en base de los alegatos de la defensa. El dictamen pericial, emitido en enero de este año, en una de sus conclusiones, establece que “las actividades y los actos realizados por el alcalde, en calidad de MAE en el proceso de contratación, se ajustaron a lo establecido en el Art. 32 del D. S. 181.
A pesar de haber logrado la detención domiciliaria no podrá salir de la cárcel, ya que está vigente la orden de detención preventiva por el caso Mochilas II. Leyes tuvo que retornar a la cárcel, luego de la audiencia de este lunes.
“El Alcalde volverá al penal y obviamente tiene que cumplir con algunas medidas y además tenemos que pasar el obstáculo del caso Mochilas II, que es emergente de este caso y no va haber ningún inconveniente para pedir su cesación a la detención, en ese caso también” recalcó el jurista.
Como el caso I, el II también tiene que ver con denuncias de sobreprecios e irregularidades en la compra de mochilas y material escolar, esta vez por Bs 11,1 millones. (17/06/19)
