Según un informe técnico del Viceministerio de Medio Ambiente, la Alcaldía de La Paz incurrió en un delito ambiental durante la emergencia del deslizamiento en el relleno sanitario de Alpacoma. Sol.bo califica de “labor política” el accionar de la institución.
El informe técnico INF/MMAYA/VAPSB/DGGIRS 0014/2019 MMAYA/2019-02003, al que tuvo acceso Cambio y fue difundido por la agencia estatal ABI, indica que una de las excavadoras que operó durante la emergencia fue sorprendida depositando líquidos lixiviados sobre el río Alpacoma.
“Producto de la inspección ambiental realizada en fecha 18 de enero de 2019 se evidenció el vertido de lixiviados a un curso de agua (río Alpacoma) con una excavadora tornamesa, lo cual está tipificado como delito ambiental en la Ley 1333, artículo 103”, señala el reporte, en su acápite de conclusiones técnicas, según la nota.
Este medio intentó contactarse con la secretaria municipal de Gestión Ambiental de la Alcaldía, Mariana Daza, pero sin éxito.
No obstante, el vocero de Sol.bo, José Luis Bedregal, quien todavía desconocía el citado informe técnico, lamentó que el viceministerio se dedique a emitir informes sin contar con la auditoría ambiental por el deslizamiento del relleno de Alpacoma, pactada por el Ministerio de Medio Ambiente, la Alcaldía de La Paz y la Gobernación paceña.
“(…) Lo que tiene que hacer el viceministerio es esperar los resultados de la auditoría, saber qué ha ocurrido y entonces emitir criterio por autoridad competente (…).
El viceministerio se ha convertido en un brazo político en periodo electoral”, dijo Bedregal.
El 15 de enero colapsó la macrocelda cuatro, una de las más antiguas del relleno sanitario de Alpacoma, y dio paso al desmoronamiento de 200.000 toneladas de basura en descomposición y al vertido de 10.000 metros cúbicos de lixiviados sobre un perímetro de 10 hectáreas.
El citado informe también revela que “se evidenció que existe una parte de la masa de residuos, que no cuenta con obras de contención, producto de ello existe una generación de lixiviados que se mezclan con las aguas del río, que sigue su cauce”.
Añade que “se observó la construcción de dos diques en el río Alpacoma, antes de la confluencia con el río Achocalla, los cuales no contemplan la impermeabilización en el nivel de desplante, permaneciendo el riesgo de filtraciones de lixiviado con potencial de contaminación de aguas superficiales y subterráneas”.
El lunes, el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) falló en contra de la Alcaldía de La Paz en un recurso de Acción de Popular que fue presentado ante los riesgos a la salud que representó el colapso de la macrocelda cuatro del relleno sanitario.
Fiscalía investiga a Secretaria de Medio Ambiente
Se amplía la pesquisa y se vuelve a citar al alcalde Revilla por el caso Tersa
La Fiscalía amplió la investigación del caso Tersa a la secretaria Municipal de Gestión Ambiental de la Alcaldía paceña, Mariana D. V. B, por el presunto delito de incumplimiento de deberes. El vocero de Sol.bo, José Luis Bedregal, dice que el proceso está politizado.
El Ministerio Público informó ayer, a través de una nota de prensa, que la ampliación de investigación se da en el marco del proceso seguido en contra del concejal Fabián Siñani y Giovanni Gemio por la comisión de los delitos de incumplimiento de deberes y uso indebido de influencias.
La ahora investigada, en entrevista con este medio, dijo que desconocía de la determinación fiscal y evitó comentarios.
El fiscal en suplencia del caso Tersa, Samuel Lima, informó que se realizó la ampliación porque se encontró indicios de responsabilidad y “mediante memorial se hizo conocer al Juzgado Primero Anticorrupción para su respectivo control jurisdiccional”.
Lima agregó que se citó nuevamente al alcalde de La Paz, Luis Revilla, en calidad de testigo, para hoy, a las 09.00, para que amplíe su declaración y esclarecer algunos puntos que no quedaron claros en su primera comparecencia.
Para el vocero de Sol.bo, José Luis Bedregal, el accionar de la Fiscalía tiene un carácter “eminentemente político, ya que no hay ningún fundamento en las distintas etapas de este proceso; ni siquiera cuando se determinó el arresto domiciliario del concejal Fabián Siñani. Hasta hoy no hay una sola prueba sustancial, no hay vínculo o sustento material que pueda determinar algún favorecimiento hacia alguien”.
Para esta tarde se citó nuevamente al empresario Edwin S. S. T, mayor accionista de la empresa Tersa, para que emita su declaración informativa.
