El presidente de Ecuador, Lenín Moreno, pidió el miércoles una "investigación profunda" sobre un supuesto financiamiento de entidades estatales y empresas privadas a su campaña electoral, denunciada por portales electrónicos de prensa.
Unos 7,7 millones de dólares provenientes de entidades públicas como prefecturas (gobernaciones provinciales) y la secretaría de Inteligencia, y firmas privadas, entre ellas la petrolera china Sinopec, habrían financiado la campaña de Moreno a las elecciones presidenciales de abril de 2017, según los portales de investigación La Fuente y Milhojas.
"Sobre las denuncias en torno al financiamiento de las campañas, demandamos una investigación profunda a las instancias correspondientes. Una sola publicación de prensa no es suficiente para establecer la verdad, pero la verdad plena debe brillar", dijo el mandatario, en el cargo desde mayo de 2017.
Moreno, quien se encuentra en Chile, agregó a través de su cuenta en Twitter: "Si alguna práctica corrupta del gobierno anterior se utilizó en mi campaña, de ninguna manera fue con mi conocimiento, y mucho menos con mi consentimiento".
Señaló que "las personas mencionadas deben prestar toda su colaboración para determinar la veracidad de lo afirmado".
La denuncia salpica al secretario del movimiento oficialista Alianza País (AP, en el poder desde 2007), Gustavo Baroja; a la actual prefecta (gobernadora) de Pichincha (capital Quito), Paola Pabón, y al exvicepresidente Jorge Glas.
Glas, vicepresidente del exgobernante Rafael Correa (2007-2017), fue reelegido en binomio con Moreno por AP, pero perdió el cargo tras ser condenado en 2017 a seis años de prisión por recibir sobornos por 13,5 millones de dólares de la brasileña Odebrecht.
La nueva denuncia periodística es parte de una investigación sobre el presunto financiamiento de empresas como Odebrecht, por otros 11,6 millones de dólares, a campañas del oficialismo durante el correísmo.
La justicia ecuatoriana ordenó el sábado prisión preventiva contra un secretario jurídico de la presidencia en el gobierno de Correa, y el uso de un dispositivo de vigilancia para una exministra, indagados por el delito de concusión (el abuso de un cargo público para exigir la entrega de contribuciones económicas), castigado con hasta cinco años de cárcel.
Correa, quien vive en Bélgica, se desafilió de AP el año pasado a raíz de una pugna de poder con Moreno tras su posesión, el 24 de mayo de 2017 para cuatro años. (05/06/2019)
