En febrero se cumplieron 10 años de la aprobación y entrada en vigencia de la Constitución Política del Estado, la cual, más allá de lo que puedan aducir sus cultores o sus detractores, constituye un documento histórico que cambió la configuración estructural, política y administrativa del Estado boliviano. Su gestación se produjo a través de un proceso constituyente refundacional, que tenía sus raíces históricas en un cúmulo de luchas encarnadas en el seno de los movimientos sociales, pueblos indígena-originario-campesinos y las poblaciones de las áreas urbanas.
La Constitución presenta un nuevo desafío orientado hacia el desarrollo del “Vivir bien” en el país, el establecimiento de derechos, la redistribución de la riqueza y una nueva relación entre sociedad y Estado, a través de la implementación de procesos autonómicos, la participación de la sociedad en la actividad estatal, y la descolonización del Estado y de sus instituciones.
La CPE impulsó la construcción de una nueva gestión pública, que entre otros objetivos buscaba integrar el pluralismo institucional emergente de las nuevas estructuras del Estado, así como generar espacios de participación e inclusión. Este nuevo escenario constitucional ha permitido dar un salto cualitativo en cuanto a gestión pública, al superar el paradigma meramente administrativo del Estado tradicional y centralizado que había caracterizado la gestión de las últimas décadas, para ingresar en una etapa de la gestión holística que integra la administración a otros componentes de la gestión pública.
Hoy vemos en la gestión el desarrollo de contextos innovadores como la implementación de procesos de gestión para el largo, mediano y corto plazo, eliminando paulatinamente la gestión cortoplacista. Los diferentes niveles de gobierno pueden desarrollar su gestión, su legislación y sus regulaciones, desde sus ámbitos territoriales y desde sus ámbitos competenciales a través de procesos autonómicos, superando el excesivo centralismo.
Por primera vez en nuestro país podemos hablar del reconocimiento y la inclusión formal de una gestión de los gobiernos autónomos indígena originario campesinos, que incorporan sus normas, procedimientos, instituciones y autoridades propias; y también hablamos de un gobierno autónomo regional que permite a una determinada región del país desarrollar sus potencialidades y hacer su gestión conforme a sus demandas regionales.
La sociedad civil forma parte activa de la gestión a través de la participación y control social así como con la rendición pública de cuentas. Pero más allá de lo señalado, la Constitución conlleva el reto de seguir construyendo una nueva gestión pública plurinacional.
* Abogado.
