El martes el Gobierno anunció el incremento salarial de este año: 4% al haber básico y 3% al salario mínimo nacional. El porcentaje establecido es bastante menor a las expectativas iniciales de la COB, pero algo por encima de lo que los empresarios habían sugerido. Sería deseable que en el futuro se avance hacia un método de decisión que incluya a todos los actores involucrados.
Difícilmente las autoridades podrían haber establecido incrementos mayores considerando que la inflación del año pasado apenas alcanzó el 1,5%. Posiblemente también influyeron en esta decisión las grandes dificultades que muchas empresas privadas tuvieron que sortear para honrar el pago del doble aguinaldo. En suma, el contexto económico de este año sigue siendo delicado y no parece propicio para una política salarial más generosa.
En todo caso, parecería que los tres actores clave han logrado parcialmente algunos de sus objetivos, pero matizando mucho sus expectativas iniciales. El Gobierno, en un año electoral, mantiene su política de preservación del poder adquisitivo del salario y una distribución moderada de los ingresos. Los sindicatos aceptaron una propuesta muy por debajo de sus deseos iniciales, pero lograron finalmente sostener una senda creciente en esta materia. Los empresarios, aunque han manifestado públicamente su disconformidad, parecen relativamente aliviados, porque quizás esperaban un escenario más complicado para sus intereses.
La contraposición entre una racionalidad económica, que tendería a ser menos favorable para los trabajadores, las políticas del Gobierno y la postura de los sindicatos suele ser un lugar común cuando se comenta esta temática. Sin embargo, las decisiones detrás de los incrementos salariales tienen necesariamente un gran contenido sociopolítico.
Por supuesto sería deseable que la evolución de los ingresos laborales considere la productividad y las necesidades de competitividad de las empresas; no obstante, las decisiones usualmente buscan equilibrios a partir de consideraciones distributivas y de atención política a las demandas de grupos que tienen gran capacidad de movilización social. Esto sucede en todos los países.
Justamente ese fuerte componente sociopolítico es el que justifica la necesidad de buscar mejores mecanismos para acordar estos temas entre los tres actores del ámbito laboral: Gobierno, sindicatos y empresarios. Idealmente, las conversaciones deberían desarrollarse de manera tripartita en un espacio acordado entre todos, y no a partir de negociaciones parciales y unilaterales lideradas por el Gobierno. Así pues, resta mucho por avanzar para construir un mecanismo más óptimo y equilibrado para definir este importante factor de la economía.
