Uno. Contexto municipal de riesgos. Uno de los principales factores de la vulnerabilidad en el municipio de La Paz se encuentra en la consolidación orgánica y espontánea de los asentamientos urbanos informales, resultantes de eventos sociopolíticos del siglo XX. La necesidad de la población de contar con una vivienda, pese a estar en condiciones deficientes, y acentuada por loteadores que buscan la rentabilidad a costa de familias con bajos recursos y sin capacidad de resiliencia ante desastres, incidió en la condición de riesgos; esta situación se agudizó debido a la amenaza que representa la topografía extrema del valle de Chuquiago, que si bien presenta un paisaje natural que asombra a propios y extraños, representa un territorio donde el 24% de las edificaciones están sobrepuestas a asentamientos humanos de alto y muy alto riesgo, lo que equivale a 1.043 hectáreas.
Dos. Modelo de planificación como respuesta al riesgo. En las últimas décadas, la gestión municipal ha generado políticas públicas que integran la planificación sectorial con el territorio, sobre la base de un Modelo de Desarrollo propio, establecido en el Plan Integral La Paz 2040, que es resultado de un proceso técnico y participativo de los últimos 20 años.
A partir del Modelo de Desarrollo de ciudad compacta, sostenible, ordenada y equilibrada es que se cuenta con infraestructura y población protegida, asegurando la integridad física, emocional, individual y colectiva. El Gobierno Autónomo Municipal de La Paz (GAMLP), en ese marco, viene desarrollando instrumentos técnicos y normativos orientados a la densificación en los sectores con buen suelo, en el marco de una ciudad policéntrica, a través de centralidades urbanas con usos mixtos.
Por tanto, se limita el crecimiento horizontal y se ordena la expansión urbana hacia los ejes tendenciales que se dan a través de las cuencas, considerando las áreas de riesgo que representan una restricción al crecimiento de la mancha urbana, misma que alcanzará una superficie de 13.000 hectáreas en las próximas décadas.
Bajo este enfoque es que el GAMLP cuenta con la Ley de Uso de Suelos Urbanos que regula el uso y ocupación ordenada del territorio, estableciendo los usos de suelo, sus clases y destinos, así como la forma de la construcción de las edificaciones sobre la base de patrones de asentamiento y parámetros de edificación.
Actualmente el 95% de la mancha urbana se administra con planimetrías, que es un instrumento técnico que permite la provisión de servicios básicos, el control y preservación de la propiedad municipal, la gestión de servicios territoriales y catastrales y otros.
El Catastro Urbano de ciudad de La Paz es el único a nivel nacional que cuenta con ley y reglamento, permite la consolidación de información de los bienes inmuebles y corresponde al 70% de los predios de la mancha urbana con certificado catastral.
Tres. El riesgo como prioridad. A partir de una estructura institucional fortalecida y un equipo técnico especializado de amplia experiencia, la Gestión Integral del Riesgo es prioridad municipal, toda vez que en el último quinquenio ha invertido cerca de 120 millones de bolivianos anuales en promedio, para la prevención, la atención oportuna de emergencias, la recuperación y la reconstrucción. De igual manera, emergente del Mapa de Riesgos (2011) que identificó 36 zonas de alto riesgo, se gestionó desde 2015 la emisión de bonos municipales con un monto que asciende a 140 millones de bolivianos para encarar obras de estabilización en zonas priorizadas, a la fecha está en plena ejecución.
Cuatro. La seguridad, compromiso de todos. El esfuerzo municipal no cuenta con el apoyo y acompañamiento en las políticas públicas de los otros niveles del Estado, tal es así que existe una deficiente coordinación entre instancias intergubernamentales que en sectores de riesgo sin planimetría proveen servicios básicos que generan mayor vulnerabilidad, toda vez que no van acompañados de la infraestructura de saneamiento básico. Por otro lado, falta el apoyo de las instancias judiciales y policiales, que ocasiona que los procesos de fiscalización de asentamientos humanos ilegales no se efectivicen.
Finalmente, la normativa y la regulación nacional no brindan soluciones definitivas respecto a la resolución del conflicto limítrofe, únicamente son acercamientos conciliatorios sin ningún resultado, condición que promueve que algunos gobiernos municipales vecinos avalen tanto asentamientos humanos como edificaciones en áreas de riesgo geológico y/o ambiental, con la complicidad de algunos vecinos y loteadores.
