Mientras algún “periodista de oposición” predicaba en La Paz hace menos de dos semanas mediante las redes una presunta necesidad de mentir durante la campaña electoral, porque de otro modo ese proceso sería aburrido, la Asociación de la Prensa del Uruguay firmaba con los líderes de los principales partidos políticos de ese país un “pacto ético contra la desinformación”. El acuerdo compromete a las partes nada más que a no mentir, y de inmediato fue definido como histórico por la sociedad uruguaya para “blindarse frente a las fake news”.
Uno de los dirigentes de la Asociación de Prensa del Uruguay explicó que la idea es que se genere desde el sistema político algún tipo de acción que trate de minimizar lo que ha estado ocurriendo en el mundo con relación a las campañas de desinformación y las noticias falsas, por los impactos tan negativos que han tenido en la definición del brexit; así como en las elecciones en Estados Unidos, en Brasil y Argentina”. Y se dejó en claro que el pacto no prevé ningún tipo de condena penal, económica, ni de ninguna otra índole que no sea la moral.
El documento dice que la práctica que pretende manipular a la opinión pública con la finalidad de obtener ciertos objetivos políticos, hoy se vuelve mucho más difusa como consecuencia de la masificación de los medios digitales, a través de los cuales muchas veces se vuelve muy difícil detectar la autoría o el origen de una noticia falsa.
Esta lucha no solo implica no generar o difundir noticias falsas, sino la responsabilidad de aclarar y excusarse cuando éstas son generadas o difundidas por integrantes o simpatizantes de cualquier partido. Además, con esta iniciativa compatible con el respeto irrestricto a la libertad de expresión, de prensa y de opinión, Uruguay apuesta a ser un país de vanguardia y pionero en cuanto a la calidad del debate democrático y a la lucha contra la desinformación se refiere.
Los partidos políticos uruguayos que firmaron el acuerdo (Frente Amplio, Partido Colorado, Partido de la Gente, Partido Independiente, Partido Nacional y Unidad Popular) se comprometieron a no generar ni promover noticias falsas o campañas de desinformación en perjuicio de adversarios políticos, a promover entre sus afiliados y militantes buenas prácticas de convivencia en el manejo de las redes sociales, y evitar la ejecución entre sus dirigentes de acciones o expresiones de tono agraviantes o de descalificación contra los adversarios.
Por el momento, un acuerdo de estas características resulta impensable en Bolivia, donde al igual que en Uruguay está en curso una campaña electoral; algún periodista y profesor universitario de periodismo pregona la necesidad de mentir, y hay quienes lo ponen en práctica con un inocultable orgullo, a nombre de una supuesta defensa de objetivos altruistas. El tema de fondo es qué decisiones toma una sociedad engañada por periodistas, medios y políticos. Y ya se tienen experiencias recientes de las consecuencias.
De aplicarse en nuestro país, un convenio como el de Uruguay no sería nada más que comprometerse a ejercer el periodismo con ética y cumplir con lo que dice la Constitución, otras leyes, y los estatutos y códigos de ética de nuestras instituciones. Es decir, como nunca debió ni debe dejar de ser.
* Periodista.
