El Estado de Bolivia, a través del Viceministerio de Obras Públicas, Servicios Básicos y Vivienda, está diseñando una “Política Nacional de Desarrollo Integral de Ciudades” y no una política urbana nacional, como manda el Plan de Acción regional para la Implementación de la Nueva Agenda Urbana 2017-2026). Este enfoque gubernamental, hasta ahora no justificado públicamente, me permite realizar las siguientes observaciones críticas.
Los objetivos de la actual política son las ciudades y no las urbes. Hay que diferenciar. Ciudad es lo que se urbaniza en un segmento espacial de la sociedad; urbe es la urbanización de toda la sociedad.
Las políticas de ciudades se concentran exclusivamente en estos espacios, y no en sus áreas de influencia, sus entornos, sus periferias. ¿Qué tal si cambiamos nuestra visión y territorializamos las políticas públicas? En este caso, el objeto de la política ya no serían las ciudades, sino el territorio. Diseñar una política de ciudades de la forma en la que se está haciendo ahora, sin disponer de una política territorial previa, constituye un ensayo ineficiente, condenado al fracaso. Es urgente y necesario advertirlo desde ahora.
Preocuparse por una urbanización nacional en lugar de enfocarse únicamente en proyectos en las ciudades permitiría dotar al país de una proyección de mediano y largo plazo. Un horizonte temporal nada amigable para los gobiernos, que solo les interesa el corto plazo y que trabajan para políticas de su gobierno y no para el Estado.
Una política de ciudades adecuada podría consistir en la sumatoria de proyectos puntuales, coyunturales y de rápido retorno político; especialmente en escenarios electorales como el que actualmente atraviesa el país. Pero si una política de este tipo no está anclada en el Ministerio de Planificación del Desarrollo, sino más bien en el Viceministerio de Obras Públicas y Vivienda, la visión de este ensayo sería esencialmente sectorial, y no integral, como retóricamente se afirma.
Una política de ciudades no contempla con rigor el incesante fenómeno de la movilidad humana, de la migración, la multilocalidad y las dinámicas demográficas. Y por ello tampoco se preocupa por la desertificación social del campo, o el abandono de la población rural joven en edad de trabajar y el envejecimiento rural que tiene como efecto este último fenómeno.
Paradójicamente, una política de ciudades no se preocupa de las periferias, porque probablemente las considera “no ciudades”, ya que están al margen o alrededor de éstas. No obstante, a mi entender, son el pulso vital de la necesaria expansión urbana. Y el “no dejar a nadie y a ningún lugar” constituye una retórica más del urbanismo de las palabras.
En el diagnóstico que ya conocemos no existe una línea base. Tampoco se ha identificado una población objetivo, o a los actores territoriales protagonistas de su hábitat, y menos se ha elaborado un árbol de problemas con sus causas y efectos. Hubiera sido deseable una investigación más rigurosa de lo que realmente es y no de lo que debe ser.
En suma, la política de ciudades tal y como la prefigura el actual diseño está centrada en la materialidad de urbes, en las edificaciones, los enlosetados, en el hormigón, en lo físico y en lo espacial. Con ello, se avanzará muy poco hacia la consolidación de una política urbana centrada en el derecho a la ciudad, en la promoción de la ciudadanía y en su inexorable participación en la construcción de una política para la urbe (la ciudad) y no para la civita (el Estado).
* Sociólogo urbano, docente e investigador de la UMSA.
