El fundador de WikiLeaks, Julian Assange, reafirmó el jueves ante la justicia británica su oposición a ser extraditado a Estados Unidos, donde teme tener que enfrentar cargos más graves que la "piratería informática" que se le imputa, pasible de cinco años de cárcel.
El australiano, que la víspera había comparecido ante un tribunal que lo condenó a 50 semanas de cárcel en Reino Unido por violación de su libertad condicional cuando en 2012 se refugió en la embajada de Ecuador en Londres, participó en esta nueva vista por videoconferencia desde la prisión de Belmarsh.
Assange, de 47 años, está recluido en ese centro de alta seguridad en el suroeste de Londres desde que el 11 de abril fue detenido por la policía británica en la legación ecuatoriana después de que este país le retirase el asilo diplomático concedido casi siete años antes.
Se había refugiado allí en junio de 2012 para escapar, en un primer momento, a una extradición a Suecia por acusaciones de agresión sexual. Pero cuando años después estas fueron archivadas, permaneció afirmando temer que lo entregasen a la justicia estadounidense. Una hipótesis que ahora podría hacerse realidad.
"No quiero someterme a una extradición por un trabajo de periodismo que ganó numerosas recompensas y protegió a mucha gente", dijo el jueves al tribunal. Su plataforma en línea, WikiLeaks, se hizo famosa en 2010 cuando difundió cientos de miles de documentos diplomáticos y militares secretos que pusieron a Estados Unidos en un fuerte aprieto a nivel nacional e internacional.
Sin embargo, rápidamente surgieron las críticas y algunos prestigiosos diarios criticaron que hubiese hecho públicos telegramas del departamento de Estados estadounidense en bruto porque estos podían "poner en peligro a algunas fuentes".
Estados Unidos afirma querer juzgarlo solo por "piratería informática".
Un representante de la justicia estadounidense, Ben Brandon, confirmó el jueves en Londres que este cargo es pasible de un máximo de cinco años de cárcel.
Pero los defensores de Assange temen que se le agreguen después delitos más graves, como divulgación de secretos o traición, y corra el riesgo de ser condenado a cadena perpetua o incluso a muerte.
El tribunal fijó una próxima audiencia, segunda en un procedimiento probablemente largo, para el 30 de mayo. –
‘Nadie por encima de la ley’
Al anunciar hace tres semanas la expulsión del australiano de la embajada, el presidente de Ecuador, Lenín Moreno, que revocaba así un asilo concedido por su predecesor y ahora rival Rafael Correa, aseguró haber recibido la garantía de Reino Unido de que "Assange no sería entregado en extradición a un país en el que pueda sufrir torturas o pena de muerte".
Ese mismo día, la abogada británica del experto informático, Jennifer Robinson, anunciaba que lucharía hasta el final para impedir su entrega a Estados Unidos, afirmando que la detención de Assange "crea un peligroso precedente para los órganos de prensa y para los periodistas" en el mundo.
Según Ben Keith, abogado británico especializado en casos de extradición, la batalla judicial podría durar entre 18 y 24 meses.
Y "las posibilidades de ganar son escasas", dijo a la AFP, explicando que en la mayoría de casos Reino Unido responde positivamente a las peticiones de extradición estadounidenses.
Assange está acusado de haber ayudado a la exanalista de inteligencia estadounidense Chelsea Manning a obtener la contraseña para acceder a miles de documentos clasificados como ultrasecretos.
Manning, que nació varón con el nombre de Bradley hace 31 años y cambió de género en la cárcel, vuelve a estar reclusa desde el 8 de marzo porque se niega a testificar ante un gran jurado que investiga a WikiLeaks y Assange.
Mientras tanto, los políticos británicos están divididos respecto a Assange.
El líder de la oposición, el laborista Jeremy Corbyn, se opone a su extradición afirmando que el australiano "expuso pruebas de las atrocidades (cometidas por Estados Unidos) en Irak y Afganistán".
Pero el ministro de Relaciones Exteriores, Jeremy Hunt, aseguró que Assange no es "ningún héroe" y la primera ministra Theresa May afirmó que "nadie está por encima de la ley".
(02/05/2019)
