En medio del operativo estatal de mitigación para aplacar los incendios que golpean el oriente del país, el presidente Evo Morales abrió la posibilidad de evaluar eventuales modificaciones a las normativas vinculadas a los asentamientos, chaqueos y desmontes.
“Pedí ayer (por el miércoles) de manera pública a la población (ver) cómo trabajar en el (plan) post incendio; si en el post incendio dirigentes, autoridades locales, todos los sectores plantean las modificaciones, vamos a modificar, ese es el producto del trabajo conjunto”, anunció en una conferencia de prensa en la que mencionó la difícil labor que cumplen las brigadas en la zona del siniestro.
Morales consideró importante la participación de indígenas, campesinos, autoridades locales, en especial de las zonas afectadas, pero también la participación de los ganaderos.
El anuncio del gobernante surge 24 horas después de que precisamente los ganaderos pidieran no tocar las normas vinculadas con el sector, en particular las vinculadas con el Plan de Uso de Suelo (PLUS) que la actividad pecuaria, aseguran, “respeta”.
“Presidente, las normas cuestionadas están bien pensadas y bien elaboradas resguardando la sostenibilidad del medioambiente y el desarrollo productivo del país; no deben derogarse. No matemos a la gallina de los huevos de oro”, subrayó el presidente de la Confederación de Ganaderos de Bolivia (Congabol), Ciro Pereyra.
“Busquemos un trabajo, una norma que permita satisfacer las necesidades que tiene nuestros pueblos”, reflexionó Morales.
“Siempre hicimos leyes que vienen del pueblo y hay que buscar consensos”, insistió y luego matizó que “aquí no llegan leyes de Estado Unidos”.
Para el mandatario, “una cosa es desde arriba opinar” sin conocer la realidad y conocer las experiencia de los moradores.
Aunque aún no hay una cifra oficial de la superficie consumida por las llamas, se calcula la afectación, solo en bosques, en más de medio millón de hectáreas.
Leyes cuestionadas
Los ambientalistas y algunos opositores cuestionaron la Ley 741 (2015) que autoriza el desmonte hasta 20 hectáreas para pequeñas propiedades y propiedades colectivas comunitarias para actividades agrícolas; y el Decreto Supremo 3973 que amplía el mismo trabajo al departamentos de Beni, además de Santa Cruz y en propiedades privadas.
Asimismo, los pobladores y algunas autoridades regionales criticaron las recientes autorizaciones de nuevos asentamientos que otorga el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) en la Chiquitanía. (29/08/2019)
