El fiscal anticorrupción Samuel Lima, que tiene en sus manos los casos Tersa y del diputado Amílcar Barral, fue designado como fiscal investigador en la denuncia que la exgerente de Periodistas Asociados de Televisión (PAT), Ximena Valdivia, interpuso contra la directora general de la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) Teresa Morales, y el escritor Emilio Martínez por vulnerar el secreto bancario.
Lima informó que el Ministerio Público señaló la hora 11.00 del lunes 12 de agosto para que Morales presente su declaración informativa. Recordó que fue la propia autoridad de la UIF quien, a través de un memorial, solicitó prestar su declaración.
"Se dio inicio a la investigación y es importante señalar que la señora Morales pidió presentar de forma espontánea su declaración. En efecto, se ha señalado día y hora para su declaración informativa que es el lunes a las 11 de la mañana, es investigada por incumplimiento de deberes", declaró el Fiscal anticorrupción.
La denuncia de Valdivia contra Morales y Martínez fue admitida el miércoles. La exgerente de PAT aseguró en su denuncia que "ha sido afectada" por las declaraciones de Morales, del 2 de agosto, en las que la autoridad señaló que la UIF tomó conocimiento de información que está en internet sobre más de 50 boletas de depósito de un dinero en efectivo que suma más de $us 800.000.
Ese dinero fue depositado en cuentas de la estación de televisión por sus funcionarios entre 2002 y 2003.
Este último caso salió a la luz luego de que el exministro de Gonzalo Sánchez de Lozada, Mauricio Balcázar, denunciará reiteradamente que el candidato a la Presidencia por la alianza Comunidad Ciudadana y expropietario de PAT, Carlos Mesa, cobró $us 1,2 millones para ser candidato a la Vicepresidencia de ese frente, un dato que Martínez incluyó en un libro de su autoría.
Lima aclaró que en el caso de Martínez la figura es diferente a la de Morales al no pertenecer a una entidad pública. Anunció que se respetará la aplicación de la norma preferencial, en alusión a la Ley de Imprenta con la cual pidió ser procesado.
No obstante, el fiscal remarcó que el escritor deberá prestar primero su declaración ante el Ministerio Público.
"Si él se acoge al derecho al silencio se respetará y no se vulnerará ningún derecho. La declaración del sindicado es enteramente voluntaria", expresó.
Lima administra el caso Tersa, que involucra al alcalde Luis Revilla y otros funcionarios municipales, por supuestos beneficios en razón al cargo a terceras personas, y también asumió la investigación en la denuncia contra el diputado de oposición Amílcar Barral por un caso de supuesta extorsión en el penal de San Pedro de La Paz. (08/08/2019)
