En noviembre, Bolivia enfrentará el Examen Periódico Universal (EPU) del Consejo de Derechos Humanos (CDH) de la Organización de Naciones Unidas (ONU) para evaluar su desempeño como garante de los derechos humanos. Se trata del único mecanismo que permite revisar el ejercicio de 193 Estados miembros con la posibilidad de recibir recomendaciones que les permitan mejorar su cobertura en relación a los derechos humanos. Si bien el EPU es una instancia no vinculante o punitiva, un desempeño deficiente puede dar una imagen negativa del Estado evaluado.
El EPU se implementa cada cinco años y nuestro país ya ha sido sometido a este examen en 2009 y en 2014. Para el próximo EPU 2019, el grupo de trabajo recibirá tres contribuciones que aportarán a su desarrollo: 1) el informe elaborado por el Gobierno boliviano; 2) un informe del sistema de Naciones Unidas; y 3) los informes sombra o alternativos, elaborados por organizaciones de la sociedad civil y defensores de derechos humanos. Luego de la evaluación del Estado se procederá, en plenaria del Consejo de Derechos Humanos, a la adopción del informe final que incluye las recomendaciones a Bolivia.
En ese marco, quiero llamar la atención sobre uno de los múltiples informes que la sociedad civil boliviana ha producido y presentará al EPU. Se trata del liderado por la Plataforma Derechos Aquí y Ahora, una articulación de 22 organizaciones, en su mayoría conformada por jóvenes de diferentes regiones del país. El informe es un excelente retrato del momento que vive Bolivia en torno a los derechos sexuales, y expone una serie de demandas para garantizar el ejercicio de los derechos humanos de la población.
El documento parte reconociendo que Bolivia cuenta con una importante, aunque insuficiente, base legislativa para el desarrollo de políticas públicas en favor de los derechos sexuales y derechos reproductivos. Sin embargo, su cumplimiento se ve impedido por la insuficiente acción estatal, la escasa voluntad política, y las deficiencias de conocimientos técnicos por parte de las instituciones gubernamentales y de servicios. Esto genera que las recomendaciones del EPU dirigidas a Bolivia en 2009 y en 2014 hayan tenido escaso cumplimiento. Por otro lado, describe un contexto social de avance de grupos fundamentalistas que se movilizan contra el avance en legislación y políticas públicas en materia de derechos sexuales y derechos reproductivos (en particular de la población LGBTI), y plantea con preocupación el acercamiento creciente entre las autoridades gubernamentales y líderes religiosos, con evidente intención de realizar un trabajo coordinado en temas centrales como educación y salud.
El informe ordena las acciones claves en torno a la salud sexual y reproductiva en tres ejes. i) El planteamiento de acciones para combatir la muerte materna por práctica de abortos clandestinos, ilegales e inseguros, asegurando la aplicación de la legislación vigente que garanticen el acceso a la interrupción legal del embarazo (ILE), además de modificar la normativa penal vigente respecto a la criminalización en casos de aborto. ii) Asegurar el cumplimento del derecho a las familias de todas las personas, elaborando e implementando una legislación adecuada que permita a las personas LGBTI acceder al derecho al matrimonio en condiciones de igualdad. iii) Demandar una educación de calidad, científica y laica, que incluya educación sexual integral en todos los niveles de enseñanza.En tiempos electorales de opciones políticas que buscan atrapar a todos no hemos escuchado opciones concretas para avanzar en estos tres puntos. Todos los candidatos prefieren mirar a otro lado y abusar de su retórica para evadir el problema. Sin embargo, pasado el jolgorio electoral, estoy segura que esta es una agenda clara e ineludible a la cual el Estado boliviano tendrá que responder.
* Es cientista social.
