La Cámara de Diputados aplazó hasta 2020 la vigencia de acciones definidas en la Ley de Abreviación Procesal Penal tales como la notificación electrónica, desconcentración de la emisión de certificados forenses y la manilla electrónica, entre otras.
La citada norma, la Ley 1173 de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral Contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres, regirá desde el próximo 6 de octubre; sin embargo, algunas medidas serán postergadas en su aplicación porque se presentaron “problemas”, según explicó el presidente de la Cámara de Diputados, Víctor Borda (MAS).
Esta normativa fue sancionada por el Órgano Legislativo el 25 de abril de este año y fue promulgada el 2 de mayo por el presidente Evo Morales, con el objetivo de iniciar el trabajo para hacer cambios en la Justicia.
Borda explicó que desde el 6 de octubre entrarán en vigencia institutos jurídicos como la protección a mujeres agredidas física y psicológicamente, la protección a niñas y niños y las medidas cautelares.
El presidente de la Cámara Baja explicó que se realizarán cerca de ocho modificaciones a la normativa, entre ellas posibilitar que médicos de las cajas de salud puedan atender a mujeres víctimas de agresión o menores en la misma situación, y puedan emitir los respectivos certificados forenses para el seguimiento de acciones legales, trabajo que no será exclusivo de los médicos forenses.
Las acciones de la norma diferidas entrarán en vigencia de forma paulatina, no en forma conjunta, sostuvo Borda.
Esta ley fue promulgada también con el fin de reducir el hacinamiento carcelario a través de la limitación de la aplicación de la detención preventiva.
Según el ministro de Justicia, Héctor Arce, el cuerpo legal da lugar a una “verdadera transformación de la Justicia” con seis ejes, entre los que están las notificaciones electrónicas y la limitación de la detención preventiva.
