La intensificación del movimiento de personas en el continente americano y el endurecimiento de la política migratoria de Estados Unidos están generando situaciones muy preocupantes. El reciente acuerdo bilateral entre Guatemala y el país del norte sobre recepción de asilados es un ejemplo de la necesidad de una acción urgente de coordinación regional sobre ese tema.
Ambas naciones firmaron recientemente un acuerdo en el que Guatemala se compromete a acoger a solicitantes de asilo en Estados Unidos mientras su situación se resuelva. Para algunos, esta figura se relaciona con el concepto de “tercer país seguro”. Este término, que se basa en la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951, implica que un país puede negarse a conceder asilo a una persona y remitirla a un tercer país que sea considerado “seguro”.
Esta estrategia surgió como una respuesta ante el aumento de migrantes latinoamericanos que cruzan la frontera sur de EEUU y que reclaman asilo. Frente a este movimiento, el gobierno de Trump decidió endurecer los requisitos y las condiciones de los solicitantes de asilo, con lo cual miles de personas están esperando una respuesta a su petición en condiciones más que precarias en la frontera entre México y Estados Unidos. Y ahora estos migrantes podrían ser transferidos a Guatemala.
Organismos no gubernamentales y defensores de los DDHH han criticado esta decisión, en tanto debilita el derecho al asilo de los afectados. Además, Guatemala no tendría la capacidad para atender y garantizar la seguridad de los miles de migrantes de otros países que podrían ser transferidos a su territorio. Parece extraño que un país del que ya salen cientos de miles de personas cada año para buscar mejores condiciones de vida pueda ahora, además, acoger a inmigrantes de naciones vecinas por un tiempo indefinido.
A estas dudas se agregan las inquietudes sobre el procedimiento de negociación que hizo posible este acuerdo, después de que autoridades estadounidenses dieran a entender que su aprobación estaba vinculada con la apertura de su mercado para las exportaciones de Guatemala. Para muchos, este incidente muestra la notable asimetría en las negociaciones entre un país solitario y con una situación socioeconómica frágil frente a una gran potencia.
Ciertamente, el drama humanitario y las complejidades de la aceleración de los flujos migratorios del sur al norte del continente requieren corresponsabilidad de todos los involucrados; nadie puede lavarse las manos. Esta responsabilidad debería ser gestionada con un diálogo equilibrado entre las partes y con comprensión sobre las limitaciones de unos y otros. Son temas que exigen acuerdos multilaterales en los que las voces de todos puedan ser escuchadas, evitando imposiciones unilaterales.
Tarea ideal para la OEA y otros espacios de diálogo regional, lamentablemente desactivados frente a estas crisis.
