El trabajo no es nuevo, tampoco la actitud: en los últimos años varios empresarios se han especializado en arrasar cerros y quebradas a fin de habilitar terrenos para urbanizar y construir viviendas. La mayoría de estos trabajos están al margen de la ley, y los gobiernos municipales no pueden o no quieren poner freno a estas faenas, que exponen a riesgo a las ciudades.
Es el caso de una obra de gran magnitud en Achocalla, que literalmente ha hecho desaparecer varios cerros para dar paso a lo que será una urbanización de 80 hectáreas (ha). El Gobierno Municipal de aquel municipio reconoce haber autorizado el movimiento de aproximadamente 40 ha de tierra. El resto parece haber sido arrasado por iniciativa de la empresa inmobiliaria, cuyos representantes no respondieron a las consultas de nuestros periodistas sobre su posición al respecto.
Quienes conocen el lugar alertaron que un voluminoso cerro, aledaño a la vía que conecta la zona Sur de La Paz con Achocalla, desapareció de la noche a la mañana. Es apenas una pequeña muestra de la radical transformación de la geografía de la zona, cuya extensión equivale a 112 canchas de fútbol. Ciertamente, un negocio multimillonario.
Todavía más grave que el súbito e indeseable cambio del paisaje es el hecho de que en su desmedido afán por habilitar terrenos, cuya firmeza y seguridad no están garantizadas por nadie (pues se trata de zonas altamente deleznables), los responsables del “terraceo” están cubriendo quebradas y otros cursos de agua. Lo que inevitablemente va a provocar inundaciones y deslizamientos en el futuro.
En el Ministerio de Medio Ambiente y Agua indican que el proyecto inmobiliario no cuenta con licencia ambiental, y aseguran que tienen conocimiento de que el Gobierno Autónomo Municipal de Achocalla fue el que otorgó la autorización para las obras. Considerando el celo que ha puesto ese despacho en investigar y sancionar a la municipalidad de La Paz, es de esperar que haga lo propio con la de Achocalla.
También se ha denunciado que, para permitir la circulación de volquetas de alto tonelaje y retroexcavadoras, se ha retirado la barrera metálica que protegía el costado del camino, y la constante circulación de estos vehículos ha dañado seriamente la vía. El Servicio Departamental de Caminos espera que los responsables de este daño se hagan cargo de las reparaciones respectivas. Habrá que ver si alguien tiene la fuerza necesaria para hacer cumplir tal propósito.
Estamos, pues, ante un nuevo caso de abuso de parte de personas influyentes que vulneran las normas y la labor de las instituciones llamadas a asegurar su cumplimiento. Los episódicos casos de deslizamientos y tragedias similares siempre comienzan con estos movimientos irresponsables de tierra, y nunca se ha sabido de un caso en el que las empresas inmobiliarias se hagan cargo de lo ocurrido. Ojalá que en el futuro el caso que aquí se comenta no sea motivo de un desastre similar.
