Los incidentes en el relleno sanitario de Alpacoma generaron dos reacciones: primero, ha crecido con insistencia la idea de que tenemos que dar un paso adelante en el tratamiento de residuos y encaminarnos a su transformación y aprovechamiento, idea conocida erróneamente como “industrialización”. Pero también hubo una reacción desde el ámbito político que está “contaminando”, si se quiere, el camino hacia la solución definitiva del tema. Esa reacción política se expresó en una andanada de declaraciones públicas de autoridades vinculadas al partido en gestión de gobierno que, deliberadamente, han intentado magnificar las consecuencias de los dos incidentes ocurridos en el relleno y que, además, han provocado una serie de acciones judiciales contra el Alcalde y el Gobierno Municipal de La Paz.
Desde el municipio paceño se han cumplido los procedimientos para cerrar el actual relleno sanitario. Algo tiene que quedar claro, el relleno de Alpacoma dejará de recibir los residuos de La Paz e iniciará su proceso de cierre, en los tiempos que corresponde a ese trabajo, tal como se ha acordado y se ha instruido desde la autoridad competente del área.
Además, se ha viabilizado la auditoría ambiental que hará el Ministerio de Medio Ambiente y Agua para determinar las causas, la existencia de posibles consecuencias que hubieran afectado al medio ambiente o a la salud pública y la determinación de posibles responsabilidades.
Hoy más que nunca es importante esperar los resultados de esa auditoría, cuyo proceso de convocatoria y adjudicación está en marcha y cuyos objetivos son claros. Su Documento Base de Contratación establece entre sus fines “identificar y evaluar las causas del colapso de la Macrocelda 4 y parte de la Macrocelda 3 en el Relleno Sanitario Nuevo Jardín”.
Además, en los objetivos se pide “identificar y evaluar los impactos ambientales producidos por el deslizamiento de los residuos sólidos contenidos en la Macrocelda 4 y parte de la Macrocelda 3 del Relleno Sanitario Nuevo Jardín y evaluación de los efectos ambientales negativos en el área de estudio”. El documento señala que la auditoría se hace para “evaluar los aspectos sociales que pudieran haber sido afectados en el área de estudio. Establecer mediante documentación existente criterios técnicos y otra información pertinente, si el cuerpo de agua Alpacoma, el cual se encuentra colindante al RSNJ, es un río o una quebrada”.
¿Es posible que autoridades, políticos, fiscales y la justicia puedan anticipar criterios e iniciar acciones incluso judiciales sin antes tener los resultados de esta auditoría? La respuesta es simple y contundente: no.
Cualquier criterio anticipado, tal y como mencionó el alcalde Luis Revilla, sería hacer “magia” y futurología. Pese a eso, hay una consigna clara desde el oficialismo y la justicia de saltarse todo el procedimiento y tomar acciones que conduzcan a desestabilizar la gestión municipal y al alcalde Luis Revilla.
En el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz hemos trabajado como corresponde para solucionar el tema: iniciamos el camino para el tratamiento, la transformación y el aprovechamiento de los residuos sólidos de nuestra ciudad. Mientras tanto, se habilitará de manera transitoria un nuevo relleno ubicado en Sak’a Churu. Pero en un plazo no mayor a dos años se instalará allí una planta de tratamiento que tome como base los resultados del estudio de la composición de los residuos de La Paz, en cuya ejecución están comprometidos no solo el municipio paceño, sino también el Ministerio de Planificación. El paso inmediato posterior es el diseño, licitación e implementación de la planta que reclama nuestra sociedad.
Ese es el camino. Pero, para seguirlo, necesitamos despejar la solución de intereses y criterios políticos. Solo así lograremos dar un salto hacia adelante en la gestión y volveremos a ser pioneros en esta área. Porque demás está decirlo: la fijación con el tema de los residuos es solo con respecto a las acciones y decisiones del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz y su Alcalde, obviando el accionar de la mayor parte de los municipios del país —entre ellos, el de Achocalla o los del Chapare— que no solo no tienen plantas de tratamiento ni rellenos sanitarios, sino que además operan con botaderos a cielo abierto, altamente contaminantes, y sobre los cuales no se emite criterio ni se toman acciones.
De hecho, las autoridades dejaron pasar —sin tomar medida alguna— la denuncia hecha desde la Alcaldía paceña de un oscuro contrato firmado entre el alcalde de Achocalla y una empresa privada para disponer de los residuos de La Paz, sin tener competencia sobre el tema. Sobre esto no hubo ni declaraciones, ni juicios, ni denuncias, demostrando con claridad la alta politización del tema.
Por favor, saquemos a la política de la solución a la gestión de los residuos sólidos de La Paz.
