Las estaciones de gasolina se han convertido en un blanco “fácil” para las bandas delincuenciales, especialmente en las áreas rurales del país y en aquellas que se encuentran apostadas a la mitad de las carreteras. Por caso, en lo que va del año al menos 18 estaciones han sido atracadas en diferentes municipios, cuatro veces más respecto a los cinco robos agravados que tuvieron lugar en el mismo periodo de 2018.
La mayoría de los asaltos ocurrieron en Santa Cruz: 14 en total, cinco en áreas urbanas y nueve en localidades rurales; tres en el Beni y uno en Chuquisaca. Y han causado pérdidas materiales superiores a los Bs 500.000, según datos proporcionados por la Asociación Nacional de Surtidores (Asosur) de Bolivia.
Estos hechos ponen en relieve los extremos a los que puede llegar la inseguridad en ciertas regiones alejadas del país, con hechos cada vez más violentos y formas más sofisticadas de atraco. De allí la importancia de identificar y sancionar cuanto antes a los responsables de los asaltos, pero también de incrementar la presencia del Estado en los puntos más remotos del territorio nacional.
Más aún tomando en cuenta que atracos de esta naturaleza pueden derivar no solo en la muerte y daños físicos de los trabajadores, sino también en el cierre de las gasolineras, para precautelar la seguridad de sus trabajadores y el bolsillo de los inversores. Lo que a su vez podría generar el desabastecimiento de carburantes, especialmente en las poblaciones alejadas.
