Hay extrañas similitudes: el Chapare es un hermoso paraje de bosques tropicales y asiento de plantaciones de coca, que estuvieron en el centro de los conflictos con la política antidrogas de Estados Unidos entre 1987 y 2008. Este periodo es crucial para entender los rumbos por donde transitaron la economía de la coca y la fallida guerra contra las drogas. Vietnam es un país ubicado en Asia Sudoriental, con 95 millones de habitantes y bosques tropicales de ensueño; hoy día es la viva expresión de una victoria militar que dejó humillado a Estados Unidos, luego de una cruenta guerra entre 1964 y 1975.
En ambos casos, Estados Unidos llevó a cabo una estrategia militar con un fuerte sentido de dominación que, en los hechos, resultó ser una grave equivocación. La guerra de Vietnam se desarrolló bajo la premisa de evitar que el comunismo genere un efecto dominó, poniendo en riesgo la estabilidad política de Indochina y amenazando la seguridad nacional de Estados Unidos. Un país de apenas 331.230 Km² no representaba ninguna amenaza, ni militar ni estratégica; sin embargo, Vietnam fue utilizado como un escenario de tensiones geopolíticas durante la Guerra Fría. Se presume que fueron lanzadas seis millones de toneladas de bombas en toda Indochina.
Las consecuencias destructivas fueron devastadoras, hasta la actualidad. Robert McNamara, Secretario de Defensa estadounidense entre 1961 y 1968, reconoció, en 2003, que considerar a Vietnam como un dominó peligroso fue, sencillamente, un error que costó la vida a más de un millón de vietnamitas.
Habiéndose equivocado, Estados Unidos insistió en una estrategia de hostigamiento y militarización, impulsando la guerra contra las drogas en los años ochenta, supuestamente como una política de contención para destruir la producción de cocaína, entendida como una amenaza para la salud de norteamérica y el mundo. Esta concepción también estuvo equivocada, por el simple hecho de criminalizar a los productores de coca, desvalorizando las demandas campesinas en Bolivia, Perú y Colombia como si fueran conflictos de seguridad militar y sobreponiendo la hegemonía bélica por encima de la concertación económica y pacífica.
El Chapare ahora es un escenario diferente. En el siglo XXI, los cocaleros ya no viven en una economía de subsistencia, ni son presa de los enfoques de confrontación en las discusiones sobre el desarrollo económico. Las tareas de interdicción han sido reemplazadas por iniciativas de emprendimiento. Si se analiza con cabeza fría las cadenas de diversificación, la economía cocalera no está vinculada únicamente al control del tráfico de drogas, sino que también se pueden evidenciar las inversiones en turismo con hoteles, restaurantes, intenso comercio de automóviles, electrodomésticos, e inclusive proyectos hidroeléctricos. Villa Tunari, por ejemplo, posee una buena infraestructura urbana, escuelas, centros de salud; y ,cuando se visita la zona, los viejos miedos de la represión para erradicar la coca prácticamente han desaparecido.
El Chapare pasó de ser una zona demonizada y de supervivencia a un espacio donde todos se consideran un “polo de desarrollo”. Si bien su historia está inevitablemente ligada al circuito coca-cocaína, es precisamente por esto que la orientación estadounidense unida al desarrollo alternativo como una economía campesina, hoy ha sido desplazada por una posición en que los cocaleros se ven a sí mismos como microempresarios. No es casual que el Viceministro de Defensa Social y Sustancias Controladas, Felipe Cáceres, fuera visto con azoro y catalogado como un acaudalado.
Desde el fracaso de la guerra contra las drogas y la derrota de los Estados Unidos como factor hegemónico, la trayectoria de Cáceres puede ser evaluada como el auge de un emprendedor ligado al turismo, la producción de frutas, riqueza piscícola y otras oportunidades económicas. Hoy, ningún cocalero quiere ser un simple campesino, sino un emprendedor con la posibilidad de ganarse respeto económico. Cáceres es una especie de prototipo y artífice del emprendimiento, más allá de la economía de la coca. Esto replantea muchos dilemas y la necesidad de tener otros paradigmas para enfrentar al narcotráfico, entre ellos, la legalización de las drogas.
La actual estrategia de lucha contra el narcotráfico fue nacionalizada y construida sobre el fracaso de Estados Unidos como potencia hostil hacia otras formas de desarrollo. Fue derrotada en el Chapare, de una manera similar a lo sucedido en Vietnam. Se invirtieron millones en interdicción. De alguna forma hubo otro resultado. El Chapare no es una región pobre; de hecho no existe mendicidad. La política antidrogas dio un giro, haciendo que los cocaleros se perciban como emprendedores y, al mismo tiempo, como ejes de poder, desde la presidencia hasta el centro del sistema democrático. Ningún gobierno podrá revertir esta situación. Al igual que en Vietnam, no se puede retroceder, ni tampoco detener las consecuencias a largo plazo que hoy día genera el Chapare.
Como corolario, existen también varios temas pendientes que representan un desafío ineludible para el Chapare. Específicamente, debe evitarse la proliferación de linchamientos, de manera que se fortalezcan la administración de justicia y la protección de los derechos humanos. Es fundamental que las zonas cocaleras muestren un esfuerzo para alcanzar equilibrios entre el imperio de la ley, como eficacia estatal, y la institucionalidad que permita el ejercicio de la autoridad política necesaria. Es vital un proceso de modernización en la toma de decisiones y la contribución al fortalecimiento del Estado por parte de las seis federaciones del trópico cochabambino.
Otro aspecto gira alrededor de la protección del medio ambiente, en especial cuando se observan las enormes deficiencias en el manejo de la basura. El municipio de Shinahota es un mal ejemplo, por el momento, de los daños al medio ambiente que podrían convertirse, a su vez, en una amenaza para el desarrollo sostenible y a la misma economía del turismo. Al mismo tiempo, el uso controlado de pesticidas y la reducción de la contaminación debido a malas prácticas en la producción de coca están relacionados con la necesidad de preservar otros recursos genéticos nativos que eran parte de la alimentación tradicional y la positiva diversidad de la producción local y nacional. El manejo sostenible de los monocultivos exige que pueda protegerse la biodiversidad, junto con la planificación y prospectiva económicas; de esta manera se tendría un efecto favorable dentro del nuevo perfil de los cocaleros con una proyección previsora hacia el futuro.
