Tras la decisión tomada por el Tribunal Supremo Electoral (TSE), que abre las puertas para que los partidos puedan sustituir a candidatos en binomios, en el oficialismo y la oposición sugieren ajustes a la Ley 1096 de Organizaciones Políticas.
Los diputados Lino Cárdenas del Movimiento Al Socialismo (MAS), Norma Piérola del Partido Demócrata Cristiano (PDC) y Gonzalo Barrientos de Unidad Demócrata (UD) sostuvieron que el ajuste debe pasar por una adecuación con la Constitución Política del Estado (CPE) y la jurisprudencia internacional vinculada con los Derechos Humanos.
El viernes, cuando María Eugenia Choque, presidenta del Tribunal Supremo Electoral (TSE), justificó la decisión, indicó que se basaron en la normativa nacional y en el Pacto de San José.
Cárdenas sostuvo que la decisión del TSE es válida y necesaria porque hizo valer el pacto internacional al sistema jurídico nacional. “Debemos respetar un fallo que emite el TSE, es un fallo irrebatible, estemos de acuerdo o no”.
No obstante, Cárdenas consideró que no existe la figura de vacío legal dentro de la actual jurisprudencia, debido a que prevalece los principios constitucionales y el ejercicio de los derechos humanos en este caso establecidos.
“Habría que hacer, sí, un ajuste a la disposición final, pero veo además que ese ajuste tiene que pasar por responsabilizar a los actores que deciden incursionar en una contienda electoral porque le están haciendo gastar plata al Estado. Se lo debe adecuar a la Constitución y a pactos en materia de Derechos Humanos”.
Piérola consideró que la norma en cuestión debe sufrir una profunda adecuación puesto que cumplió con su propósito principal, que es la institucionalización de los partidos políticos.
“El TSE lo que ha hecho es meter la pata con el tema de la Ley 1096 al decir que es absolutamente vinculante y que no se podía renunciar, cuando eso va justamente contra la voluntariedad de participación en la política”.
Piérola consideró además que por efecto de un interés político del gobernante MAS se anticipó las elecciones primarias a esta institucionalización del sistema político nacional, de este modo la diputada cree que se debe respetar lo establecido tanto en la CPE como en la Ley de Régimen Electoral (Nº 026) que fue una de las más importantes para la constitución del Estado plurinacional.
“Necesariamente se tiene que cambiar y se debería anular la Ley (1096). Mi persona ya ha presentado un recurso de inconstitucionalidad abstracta contra esta (norma)”, dijo la diputada. El recurso que ganó, permitió que autoridades públicas electas por voto popular no tengan que renunciar a sus cargos para habilitarse como candidatos en estas elecciones generales, al igual que el presidente Evo Morales y el vicepresidente Álvaro García.
Barrientos sostuvo que la ley de organizaciones políticas solo buscó frenar la lucha por la defensa del resultado del referéndum de 2016, cuando ganó el No a la repostulación de Morales, y fragmentar a la oposición. “El objetivo de esta ley nunca fue velar por los principios de la democracia. Solo se quiere someter a la población boliviana a un régimen que no respeta la Constitución, ni la ley. No solo hay que modificar esta ley, sino retornar al estado de derecho (…)”, señaló. (11/08/2019)
