Mediante distintas vías y en distintos momentos, indígenas del oriente, representantes de la Iglesia Católica, cívicos y políticos de la oposición apuntaron al gobierno central por los incendios forestales que ya han consumido más de dos millones de hectáreas en la Chiquitanía. Todos cuestionaron la normativa que se aprobó en esta gestión referida a la autorización de desmontes y la política de ampliación de la frontera agrícola.
La Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (Cidob), por ejemplo, aprobó este martes un comunicaco en el que convoca a una marcha “contra las leyes y decretos que destruyen nuestra casa grande”, que comenzará el 16 de este mes. Exigirán, entre otras cosas, la abrogación de la ley 741 del 29 de septiembre de 2015 y el decreto supremo 3973 del 10 de julio de 2019.
Hoy, la Iglesia Católica emitió el comunicado denominado “Daño irreparable a nuestra casa común”, en el que advierte que “hay serios indicios que detrás de este desastre nacional y humanitario hay una decisión de ampliar la frontera agrícola en Bolivia que no ha tenido en cuenta los intereses de la casa común, ni los principios básicos de la ética ecológica, así como tampoco la conformidad de los pueblos indígenas, como está prescrito por ley”.
Al igual que los indígenas, apunta al decreto 3973, “que favorece los chaqueos ilegales, sin el necesario análisis y conocimiento del medio”.
Urge además un debate sobre la ampliación de la superficie agrícola en el país y plantea, como medidas inmediatas, “que el gobierno nacional revoque de inmediato las autorizaciones de desmontes y chaqueos, declare emergencia nacional en las zonas afectadas, con promulgación del decreto de inmovilización y pausa ecológica y absoluta prohibición de todo cultivo y extracción, promoviendo sólo actividades de reforestación, así como administrar con eficiencia los recursos procedentes de la ayuda nacional e internacional”.
En reiteradas oportunidades las autoridades del Gobierno explicaron que únicamente emitieron normativa que amplió estas prácticas de manejo de la tierra a zonas del Beni, ya que estaban vigentes desde la gestión del expresidente Hugo Banzer Suárez.
Este martes, la Asamblea de la Cruceñidad reunida en Santa Cruz de la Sierra aprobó 11 puntos referidos a la situación de los incendios forestales en la Chiquitanía, uno de ellos referido a la exigencia de abrogación de la ley 741 de desmontes.
Este miércoles, mediante un video publicado en las redes sociales de Comunidad Ciudadana, el candidato a la presidencia, Carlos Mesa, acusa al gobierno por haber llevado al país al “desastre en la Chiquitanía” con la aprobación de leyes y decretos.
“Señor Evo Morales, han pasado 45 días desde que la Chiquitanía está en fuego, incendiándose por culpa de la decisión suya de una ley y un decreto que permite el chaqueo en un área de bosque permanente ¿Cuánto tiempo más tiene que seguir sufriendo Santa Cruz? ¿Cuánto tiempo más tiene que seguir destruyéndose el bosque chiquitano?”, cuestiona.
En la misma línea, Unidad Nacional emitió un comunicado en el que exige que el presidente Evo Morales “deponga la actitud que le impide declarar desastre nacional solamente por razones político-propagandísticas, que este gobernante antepone ante las necesidades del país y de su gente”.
La exigencia de declaratoria de desastre nacional es comparti8da por Mesa, los cívicos, las autoridades locales de Santa Cruz y la Iglesia Católica. (11/09/2019)
