A diferencia de anteriores procesos electorales y referendos, en las elecciones generales de este año los jueces electorales tienen la responsabilidad de tramitar, en primera instancia, casi todas las controversias y faltas electorales. El mecanismo se ha estrenado con un caso fallido, aún irresuelto. Y anticipa la falta de decisión, o su demora, en lo que resta del proceso electoral.
Los jueces electorales son autoridades judiciales designadas para cada elección por los tribunales electorales departamentales. Según la norma, su misión es preservar los derechos y garantías en procesos electorales, referendos y revocatorias de mandato. Entre sus atribuciones, los jueces conocen y resuelven controversias con solo dos excepciones: la inhabilitación de candidaturas y la nulidad de actas. También sancionan faltas electorales. Y vigilan el desempeño de notarios y jurados electorales.
Las resoluciones de los jueces son en primera instancia. Eso significa que pueden ser objeto de recursos de apelación ante el Tribunal Electoral Departamental (TED) respectivo. A su vez, la decisión del TED puede ser objeto de recursos de casación y/o nulidad ante el TSE, cuyas resoluciones en materia electoral son de cumplimiento obligatorio, irrevisables e inapelables. Hasta aquí la arquitectura establecida en la legislación para el trámite de denuncias y acciones de oficio por posibles faltas electorales.
El problema constatado en las actuales elecciones tiene que ver con el funcionamiento del mecanismo. El caso emblemático al respecto es el mensaje del Presidente del Estado en un acto de gestión pública en el municipio de Morochata (Cochabamba), donde sugirió el intercambio de apoyo electoral por obras: “Si me garantizan el 100% (de votación), lo que ustedes quieren el próximo año”, dijo el Mandatario. Luego, pidió disculpas por lo que atribuyó a un “desafío con espíritu deportivo y bromista”.
¿Cuál fue el curso que siguió este hecho? Un informe técnico del TSE encontró “posible vulneración” normativa respecto al periodo de campaña electoral y la prohibición de ofrecimiento de dinero o prebenda. El caso fue remitido por el TSE al juez electoral de Morochata, vía TED de Cochabamba. Después de varios días, el juez se declaró sin competencia. Devolvió el trámite al TED, que sin asumir competencia lo remitió al TSE. Ahora el TSE mandó nuevamente el caso al juez. Han pasado, nada menos, seis semanas.
Hace poco, otro informe del TSE identificó posibles faltas electorales del candidato Óscar Ortiz por la difusión fuera de plazo de propaganda electoral en medios. Y también de los cooperativistas mineros, por difundir un spot sin ser sujetos autorizados. Los casos fueron remitidos, respectivamente, a jueces de Santa Cruz y de La Paz. Se incluyen también tres redes de televisión. Es probable que sigan el mismo curso de indefinición que el caso Morochata. Continúa así el “todo vale” en estos comicios.
