La Justicia convocó a una audiencia al dirigente de los médicos en paro Fernando Romero, ya que la medida de presión va en contra de un fallo que impide la suspensión de los servicios de salud. El sector advirtió con dejar sin efecto los servicios de emergencia si se mantiene la convocatoria judicial.
Romero es secretario general del Sindicado de Ramas Médicas de Salud Pública de La Paz (Sirmes), que convocó a un paro indefinido en el sector público y la Caja Nacional de Salud (CNS). La medida de presión se cumple desde el lunes.
Fue notificado para que se presente en un plazo de 72 horas en el juzgado del juez Celso Villalobos. Ante esa situación, una reunión de emergencia decidió respaldar a Romero y denunció una persecución por "exigir una mejor atención para la población y tener derechos socio-laborales".
Otra de las determinaciones demanda suspender cualquier acción judicial que ponga en riesgo la libertad de Romero o de otro dirigente. En caso de persistir el proceso, advirtieron con "radicalizar las medidas de presión restringiendo incluso los servicios de emergencias en los centros hospitalarios e instalar piquetes de huelga de hambre".
La Justicia falló a favor de una Acción Popular que estableció que debe garantizarse el derecho a la salud de la población e impulsarse procesos en contra de quienes vayan en contra de ese derecho.
Romero recordó que ese recurso fue presentado por un militante del oficialismo.
"La amenaza es grave, de ahí pasaríamos a una detención”, sostuvo en un contacto con La Razón Digital.
Ahora analizarán el camino jurídico a seguir. “No vamos a permitir que nos encarcelen tan agresivamente, veremos la mejor medida, no descartamos declararnos en la clandestinidad ante la medida y el atropello del juez Villalobos”, reiteró.
Los médicos del sistema público y de la Caja Nacional de Salud (CNS) cumplen su cuarto día de paro indefinido de actividades demandando la institucionalización de cargos médicos, abrogar la Ley 1189 para construir hospitales para la Caja Nacional de Salud y la destitución de su gerente, Juan Carlos Meneces, su incorporación a la Ley General del Trabajo, declarar sector estratégico al Sistema Nacional de Salud (SUS) y su participación en la elaboración de la Ley del Cáncer, que ya fue sancionada en el Legislativo.
El vicepresidente Álvaro García cuestionó la medida de presión y denunció que está promovido por un grupo que busca defender privilegios.
