Las heridas aún sangran, el desconsuelo continúa, pero sus voces no se callan. Familias de víctimas de feminicidio batallan para conseguir una sentencia. Diecisiete contaron sus historias e identificaron al menos siete causas que retardan el castigo.
Entre las 10.00 y las 13.00, la Comisión Especial Mixta de la Asamblea Legislativa Plurinacional creada para investigar las causas de la retardación de justicia y proponer soluciones escuchó sus testimonios y el vía crucis judicial.
Hablaron madres, abuelos, tíos y tías, hermanas, unos en español y otros en aymara, que hicieron hincapié en el retraso que ocasiona el cambio de investigadores policiales, de fiscales y jueces, que obliga a los denunciantes de empezar de nuevo (1); pericias forenses, incompletas o deficientes por presuntos “favorecimientos” (2); testigos que a medida que pasa el tiempo cambian de domicilio o dejan de asistir a las audiencias (3); jueces que actúan por presuntos “beneficios” (4); suspensión injustificada de audiencias (5); falta de dinero para continuar impulsando el proceso (6) y omisiones de los representantes del Ministerio Público (7).
“Hay casos que datan hasta de 10 años atrás, Son testimonios desgarradores y las familias no encuentran justicia. Se han quejado mucho de la fase investigativa, de algunas autoridades que no estarían cumpliendo con su papel y que consideran que se parcializan con los feminicidas”, informó al concluir la audiencia pública la diputada Sonia Brito, presidenta de esta comisión especial.
Respecto a los policías, hubo familias que lamentaron su cambio, otras apuntaron a que no tienen especialidad y también a que “son insensibles”.
La queja más recurrente contra los fiscales es que no requieren pericias básicas, como autopsias, necropsias, reconstrucción de hechos, pruebas de luminol. En lo que toca a los jueces, se habló de “favorecimientos”, y del perjuicio que causa su cambio. Brito dijo que la próxima semana se sistematizarán estos testimonios.
La comisión escuchará hoy a familiares de víctimas en Tarija; el 9 de octubre, estará en Cochabamba y el 17, en Santa Cruz.
Fue sobreseído en un caso y reincidió
El 21 de septiembre de 2011, Yessenia Fernanda F. V., de 20 años, fue asfixiada presuntamente por su esposo Rolando T. T., un maestro que hoy tiene 34 años, con el que se había casado en secreto. El sospechoso abandonó el cuerpo de la joven en Villa Bolívar, El Alto, y se fue a trabajar, contó la madre de la joven, Miriam V. Dos días después fue aprehendido, le dieron detención domiciliaria, pero las pericias no confirmaron su participación en el crimen, por lo que fue sobreseído.
Seis años después, Miriam V. se enteró por los medios de comunicación de la muerte de Kenia A. C., de 20 años, pareja de Rolando T. T. , ocurrida el 10 de septiembre de 2017. El sujeto fue detenido preventivamente. “Ha corrido dinero en el IDIF para que la prueba salga negativa. Él hizo ver que Kenia se suicidó, pero se encontró que la cuerda que usó estaba cortada con tijera”.
Cadena de omisiones en caso Abigail
El 7 de junio de 2019, el cadáver de Abigail Geraldine Q., de 18 años, fue encontrado por su familia en un barranco de la zona de Achumani, La Paz. Tenía expuesta la masa encefálica, —producto de un golpe letal—, más de 22 puñaladas en el cuerpo y los tendones de sus muñecas rotos. Tadeo T. T., de 16, confesó el feminicidio y por ser menor de edad, fue recluido en un centro de rehabilitación.
A casi cuatro meses —111 días— del crimen, aún no hay sentencia. La familia de la víctima denunció irregularidades. El forense “no vio necesario” la recolección de todas las prendas de vestir de Abigail; el investigador policial que en la primera audiencia no entregó su informe (no habían fotografías del levantamiento legal del cuerpo, ni el informe forense. La Fiscalía puso “trabas” y no se hizo la triangulación de llamadas, ni la reconstrucción, ni las pruebas de luminol. El fiscal del caso fue cambiado seis días antes de que concluya la etapa investigativa.
“Hasta al Ministerio de Justicia fui, solo me dieron un abogado”, contó Estela Q., la tía de Abigail.
A comenzar de cero por cambio de jueces
Verónica Michel Q. M., de 20 años, estudiante de Geología, murió el 8 de agosto de 2013, presuntamente a manos de compañeros de estudio. Su cuerpo desnudo fue encontrado en un barranco en Llojeta, La Paz, con signos de violencia física y sexual. La causa de la muerte fue un TEC cerrado. Por el crimen fueron imputados cinco, tres están con detención domiciliaria “que no cumplen” y dos excompañeras de colegio, gozan de libertad. “En 2018 sortean (los jueces) y en febrero de este año los cambian. He proseguido, pero mis testigos ya no están, el principal se fue a España” dijo su madre Rosario M. La familia tuvo que empezar “de cero”.
No se hizo la autopsia, el sujeto está libre
“Mi hija falleció de forma muy cruel. Si ella hubiera estado enferma, este hombre (Mauricio M. N.) me hubiera avisado, pero la ha dejado morir. Ella no podía ni pararse.
Yo vivo en Tarija, le dije a este hombre que iba a ir a La Paz, y ‘me vas a conocer’, pero la mató”, contó Edwin T., padre de Daniela T. I., de 17 años, quien murió el 15 de diciembre de 2017.
“Me cambian fiscales y tampoco se hace la necropsia, él está libre, pese a que tiene tres mandamientos de aprehensión. No se hizo la autopsia. Pido que se actúe ya”.
Casi cinco años en busca de justicia
El 3 noviembre de 2014, María Isabel P., de 28 años, madre de una niña de tres años, murió tras una agonía de 12 días. Una brutal paliza que según ella le dio su esposo David V. M., de 31, quien la mantuvo encerrada durante 10 días, le ocasionó severas lesiones y una hemorragia interna. El Tribunal 1° de Sentencia de La Paz, lo absolvió en abril de 2017, pese a la autopsia, que encontró laceración hepática y trauma abdominal, y a las declaraciones de la víctima. El 5 de abril de 2019, la Sala Penal Cuarta anuló la sentencia absolutoria. “El caso está en Sucre, aún no se sorteó”, dijo su padre Víctor P. Desde el crimen pasaron 1.788 días, casi cinco años.
Familia denuncia omisión de un forense
Fabiola C. B. de 26 años, murió la madrugada del 1 de agosto de 2016. Dos hombres fueron imputados por feminicidio, su enamorado Jorge C. J. y su primo Marcelo J. de 35 años. El médico Édgar G. M., del Instituto de Investigaciones Forenses, que hizo la autopsia concluyó que la joven se broncoaspiró. La necropsia practicada por otro profesional reveló que la joven tenía policontusiones, que hubo agresión sexual y que murió debido a “asfixia mecánica por sofocación postural”. Édgar G. M. “en su informe no específica que mi sobrina fue violada y tiene laceraciones, sino indica que fue por muerte natural. Lo están protegiendo pues Jorge C. J. es médico”, dijo Willy B.
A 2 años del crimen, el juicio oral no empezó
El cuerpo golpeado y maniatado de Estephannia A. C., de 26 años, fue encontrado en la autopista La Paz-El Alto, a la altura de Ciudadela Ferroviaria, la madrugada del 24 de septiembre de 2017. Ella abordó un radiotaxi conducido por Jimmy Franz P. C., pero nunca llegó a su destino. La autopsia estableció que la joven fue violada y que una herida punzocortante en el cuello le causó la muerte.
A poco más de dos años del feminicidio, “ni siquiera empezamos con los juicios orales, caminamos día tras día a juzgados y Fiscalía”, dijo Elizabeth A., su hermana.
Ni siquiera se hizo la reconstrucción
El 27 de abril de 2019, la ingeniera de sistemas Celinda Helen P. A., de 32 años, fue apuñalada en la calle Tarija, ciudad de La Paz por su expareja José Mauricio R. P., de 33, según el registro de las cámaras de seguridad. Ella ganó una beca para estudiar en los Estados Unidos, y tenía previsto viajar en unos días.
A casi cinco meses del crimen —152 días ni siquiera se hizo la reconstrucción, denunció su madre, Yolanda A. de P. “Se lo ve en las cámaras. Hay dos testigos, uno de 16 años. que dio otra dirección y no se lo encuentra”.
