El 17 de junio, el Presidente promulgó la Ley de Prioridad Nacional de Desarrollo y Crecimiento de la CNS para la construcción y equipamiento de 67 establecimientos de salud, para mejorar la atención en salud de los asegurados y beneficiarios. El Código de Seguridad Social, que rige a la Caja Nacional, y la normativa que regula su manejo administrativo y financiero entra en contradicción con esta ley extraordinaria, al registrar inversiones bajo procedimientos extraordinarios, obviando los controles que implica una inversión de estas características y a lo que toda autoridad debería someterse. Esta ley no fue elaborada con la participación de nosotros los profesionales de salud, quienes trabajamos amparados en la Ley General del Trabajo, incumpliendo de esta manera la Constitución Política del Estado, que en el artículo 11 indica que el Estado Plurinacional adopta la forma Democrática y Participativa; participación mencionada en convenios internacionales con la OIT a través de la Ley General del Trabajo y Estatutos y Reglamentos de Fesimras, aprobados por Resolución Suprema del presidente Evo Morales en el capítulo de Consejo de Salubridad.
Los profesionales de salud tenemos los conocimientos de las falencias que existen para realizar una atención adecuada, siendo la prioridad solucionar el colapso de los Hospitales Obreros y Policlínicas, en las diferentes regionales, donde se tienen que efectuar largas filas para recibir la atención de emergencias, especialidades, laboratorio, rayos x. Peor si el asegurado tiene que ser internado, por no haber disponibilidad de camas, siendo atendidos en camillas, sillas de ruedas y en los pasillos. A esto se suma la falta de infraestructura, equipamiento, insumos, medicamentos y recursos humanos, tanto para la atención en salud como para la atención administrativa; siendo necesario que tengan un perfil profesional y conocimiento de la realidad en la que trabajamos, debiendo ser designados a través de concurso de méritos y examen de competencia que nos garanticen el buen funcionamiento de la institución. No como es el caso del personal contratado como consultor en línea, que ocupa cargos de alta responsabilidad y jefaturas de departamentos, unidades, divisiones, sin el perfil profesional. fueron consultores quienes elaboraron esta ley de Prioridad Nacional, sin tomar en cuenta los POA anuales para resolver estos problemas y que son propuestas que no se ejecutan.
Entre ellos están los problemas de infraestructura, con presupuesto, como es el caso del Hospital Obrero #1 (La Paz), un centro de salud de referencia nacional, su ampliación y remodelación fue presentada en base a talleres, reuniones técnicas y científicas, pero no fue incluido en el actual POA. Antes de hablar de construir establecimientos de salud que no resolverán los problemas inmediatos, porque se pretende edificarlos donde no existen población asegurada, según la normativa nacional de caracterización de Establecimientos de Salud de Primer Nivel. Estos proyectos de construcción parten de una población asegurada no existente (estimada) y no resolverán los problemas reales y actuales que son prioridad. No sabemos de aquí a cuantos años nos tomará resolverlos.
Por ejemplo, la construcción del Centro Integral de Salud de Copacabana con 6.008 asegurados (población estimada), mientras que la población asegurada real no llegaría ni a 1.000; otro ejemplo es la construcción del Policlínico Quillacollo que ya se encuentra en la fase de obra gruesa por un valor de Bs 30.480.704. Llama la atención que nuevamente se esté programando ese gasto en la Ley de Prioridad Nacional, aprobada el 17 de junio de 2019 por Bs 31.423.115; esto significa que existe doble presupuesto para una misma obra, con incremento de un millón, además.
La modalidad “llave en mano” con la cual pretenden ejecutar los proyectos, por encima de la Ley Safco y DS 181, tiene severos riesgos de garantía en la correcta ejecución de la obra, ya que nosotros, como institución, ni vigilaremos los detalles de la construcción, ni la calidad de los materiales utilizados, ni podremos comparar con otras ofertas a través de licitaciones públicas, ni tenemos la garantía de que el costo total invertido corresponda al costo real de la obra entregada.Para ello se realizan las licitaciones públicas y auditorias: garantizan una mejor obra al menor costo, bajo las mejores condiciones para evitar posibles coimas y sobreprecios en las obras.
El código de seguridad social permite la liberación de impuestos en la importación de materiales, aparatos, instrumentos, medicamentos y otros elementos necesarios que rebajan sus costos.
Indican que la implementación de los establecimientos de salud, adquisición de medicamentos e insumos en salud, estaría a cargo del gerente general bajo la fiscalización de su directorio. El gerente general tiene pendientes denuncias por varios actos de Corrupción.
