Los dos miembros que componen la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de La Paz aún no tomaron una decisión sobre la situación del alcalde Luis Revilla quien apeló la detención domiciliaria con salida laboral dentro del proceso por el caso Alpacoma I. Un tercer vocal será convocado para definir el caso del burgomaestre.
Durante la audiencia, que comenzó desde las 09.00 hasta cerca del mediodía, los dos vocales que componen la sala -Margot Pérez y Henry Sanchez- tenían posiciones contrapuestas. Uno estaba a favor que se mantenga la detención del burgomaestre y otro que se le levante la medida cautelar.
Ante esta situación, y en vista a que no hubo un consenso, se dispuso la convocatoria a un tercer vocal que se encargue de definir la situación de Revilla, quien permanece con detención domiciliaria, aunque con salida laboral, desde el 22 de agosto.
“Llegaron a la conclusión de que existiría voto disidente, eso significa que no han llegado a una decisión unánime ambas autoridades, lo cual motiva a que deba demorarse un poco más la resolución”, informó el fiscal Luis Fernando Atanasio a la conclusión de la audiencia.
El Ministerio Público sustentó que Revilla podría influenciar en el personal de la Alcaldía, modificar o suprimir documentos de prueba que se encuentran dentro de esa repartición, así como de la empresa Tersa, que era la encargaba de la administración del relleno sanitario de Alpacoma.
El burgomaestre paceño dijo que en la audiencia explicó las razones por las que considera que se debe levantar la detención domiciliaria, a la que calificó como injusta, y dijo que aguardará la decisión que vayan a tomar los vocales. La audiencia de Revilla fue instalada tras dos suspensiones anteriores.
El proceso que se le sigue es por los delitos de incumplimiento de deberes y delitos contra la salud pública, tras la sentencia del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) que determinó responsabilidad penal en su contra.
En la sentencia constitucional 0228/2019 S4, el TCP absolvió además de toda responsabilidad al ministro de Medio Ambiente, Carlos Ortuño, y remitió los antecedentes a la Fiscalía y a la Procuraduría General del Estado.
La defensa de Revilla sustenta que aún no existe un informe de auditoría que establezca causas y responsabilidades de lo ocurrido en enero. (13/09/2019)
