La semana pasada las mujeres tuvimos momentos de zozobra cuando nos filtraron la información de que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) estaba revirtiendo las acciones afirmativas en favor de la paridad que contiene el reglamento para las próximas elecciones generales. Nunca sabremos que motivó para que cuatro vocales de la sala plena definieran cambiar las reglas de una convocatoria electoral a tan solo una semana del plazo para presentar las listas y, sobre todo, con qué criterios personales o políticos estas personas provocaron innecesarios momentos de incertidumbre.
Las organizaciones de mujeres, prevenidas sobre este riesgo, inmediatamente se declararon en emergencia. Las redes sociales jugaron un rol fundamental al difundir la información, que rápidamente fue recogida por algunos medios de comunicación. La primera reacción de algunos amigos periodistas fue de que se trataba de una fake news, incrédulos de que la paridad y alternancia de nuestro sistema democrático, un tema que se ha constituido en orgullo nacional, pudiera estar en riesgo. El TSE se apresuró en publicar un comunicado garantizando la presencia del 50% de mujeres en las listas, pero sin mencionar el reglamento que contiene una serie de acciones afirmativas sobre dónde deben estar presentes las mujeres para que sus posibilidades de ser elegidas sean equitativas.
Al día siguiente conocimos que los vocales Antonio Costas y María Eugenia Choque habían expresado su disidencia sobre las apresuradas modificaciones que, bajo el liderazgo de Idelfonso Mamani, los vocales Lucy Cruz, Lidia Iriarte y Édgar Gonzales proponían. En una carta que se hizo pública, la Presidenta del Tribunal Electoral expuso sus argumentos para su disidencia, centrados en el reconocimiento de que “la igualdad entre hombres y mujeres constituye una condición esencial para alcanzar la justicia social”.
Efectivamente, tras décadas de lucha, el Estado boliviano reconoce que la profundización de su democracia está centrada en la calidad en la representación. Por ello, la paridad y la alternancia están reconocidas en la Constitución Política del Estado, en la Ley 018 del Órgano Electoral y en la Ley 026 del Régimen Electoral. Con este blindaje legal, ¿qué estaba en juego la semana pasada? Pues nada menos que la interpretación de la forma en que se aplican los criterios de paridad y alternancia en la construcción de las listas electorales. Y las mujeres en estos años de lucha hemos comprendido que este detalle es esencial para definir qué personas, ubicadas en franjas de seguridad, son las que finalmente salen electas y nos representan.
La discusión se centró en el Art. 35 del Reglamento para las Elecciones Generales 2019, que establece la garantía de que “en la lista general de una organización, el total de mujeres en posición Titular 1 sea igual o mayor al de hombres en esa posición". Esta disposición es una acción positiva que el Tribunal Supremo Electoral ha dispuesto para que de las nueve listas departamentales para senadores y senadoras, que cada organización política presenta, por lo menos cinco estén encabezadas por candidatas mujeres.
Un liderazgo valiente y decidido de la presidenta del Tribunal Electoral, María Eugenia Choque, y su claro posicionamiento en favor de los derechos de las mujeres fue fundamental para frenar este retroceso. Queda en el aire la profunda preocupación sobre la posición política en contra de la paridad de los cuatro vocales que impulsaron estas modificaciones, y nos previene sobre reacciones conservadoras en otros espacios que pueden cuestionar el avance de las mujeres. Nuestro próximo encuentro con la democracia será el viernes 19 de julio, cuando las mujeres hagamos vigilia en las puertas del Tribunal Electoral para asegurar que las listas de candidatos presentadas por los partidos cumplan los requisitos de paridad y alternancia.
