El Gobierno firmó en las horas precedentes un acuerdo con dirigentes del Distrito 8 de El Alto, donde se encuentra Senkata, el barrio que concentró una de las protestas más violentas durante el conflicto social que golpea al país tras la asunción de la presidenta Jeanine Áñez. Uno de los compromisos es la indemnización a las familias de las víctimas y el repliegue de las Fuerzas Armadas (FFAA).
El viceministro de Seguridad Ciudadana, Wilson Santa María, señaló la mañana de este lunes que “hemos llegado a un acuerdo con el Distrito 8 de la Fejuve de El Alto que cabalmente rodea Senkata, Puente Vela, Ventilla, entendiendo sus preocupaciones, garantizando la continuidad de sus proyectos, obras, programas, resolviendo el tema de la asistencia médica para quienes han sido afectados por la convulsión y también trabajando la necesaria indemnización para quienes ha sido objeto resultado de esta convulsión”.
Uno de los puntos del pacto que está rubricado por el ministro de la Presidencia, Jerjes Justiniano, y los dirigentes vecinales, precisamente se refiere al compromiso de “coordinar con las instancias competentes” para “evitar cualquier tipo de persecución y/o acoso político a los dirigentes cívicos y vecinales de organizaciones legalmente constituidos y legalmente elegidos de El Alto y (del ámbito) nacional”.
Asimismo, en el marco de las garantías constitucionales, se pacta “coadyuvar (…) con la liberación de los ciudadanos detenidos por fuerzas del orden en las movilizaciones de octubre y noviembre de 2019”.
También se acordó el “repliegue” de las Fuerzas Armadas y la Policía “a sus unidades correspondientes”. En ese marco, se acordó la “coordinación” con las “instancias competentes” la “abrogación del Decreto 4078 de forma inmediata” que libera de responsabilidad penal a los militares que participen en operativos de seguridad interna.
El fin de semana, autoridades del Gobierno consideraron necesaria la presencia de militares en la planta de YPFB por ser estratégica para la cadena hidrocarburífera y por el riesgo que representan ese tipo de protestas .
Las violentas protestas de semana pasada en Senkata se saldaron con la muerte de nueve personas, la mayoría por armas de fuego. El Gobierno, en ese contexto, aseguró que de los militares no salió ni una bala.
Asimismo, se fija el “compromiso” de que “no se permita el retorno de los exiliados comprometidos con las luctuosas jornadas de octubre de 2003 (Octubre negro) determinando que en caso de retorno sea para encarar sus responsabilidades ante la Justicia (…) evitando (…) cualquier tipo de amnistía”.
Personas no gratas
El documento además consigna “aceptar la declaratoria de personas de gratas para El Alto” a los cívicos Luis Fernando Camacho y; el candidato por Comunidad Ciudadana (CC), Carlos Mesa, y al representante del Comité Nacional de Defensa de la Democracia (Conade), Waldo Albarracín.
En ese contexto, se pactó “coordinar” con el Legislativo una interpelación al ministro de Gobierno, Arturo Murillo, sobre la muerte de personas en el conflicto. (25/11/2019)
