Empleados ediles impidieron ayer el ingreso de los concejales Mabel Machicado y Jorge Silva, del Movimiento Al Socialismo (MAS), al relleno de Sak’a Churu, porque no coordinaron con el Ejecutivo municipal la inspección que tenían previsto efectuar.
Minutos previos, el alcalde Luis Revilla anticipó que los legisladores locales no iban a encontrar nada de irregular en el relleno.
“Estos concejales lo único que buscan es causarle el mayor daño a la ciudad. Mañana o pasado mañana van a ir conmigo a una inspección ustedes (a los periodistas) y van a ver que no existe ningún tipo de dificultades”.
La inspección estaba prevista para las 10.00, sin embargo, los legisladores masistas llegaron cerca de las 11.00. Personal que se encontraba en la tranca de acceso al relleno, les informó que no había autorización para dejarlos pasar.
“Como se está llevando a cabo la auditoría ambiental —esta se realiza en el relleno de Alpacoma— se ha cambiado el turno de visitas. Solo estamos cumpliendo nuestras funciones y no hemos recibido ninguna autorización para que se pueda realizar una visita hoy. Les rogaría que coordinen, por favor, con las autoridades que están a cargo del relleno”, explicó uno de los funcionarios. Machicado tomó la palabra y le dijo que no era la primera vez que realizaba una visita y que en ninguna oportunidad se le había prohibido el ingreso.
Además, le pidió al funcionario precisar por qué les prohibía el paso a Sak’a Churu, si la auditoría se hace en el depósito de Alpacoma. A la interpelación, el funcionario solo atinó a responder: “póngase de acuerdo con los encargados”. La concejala le pidió que se identificara.
“Soy un funcionario municipal”, respondió el trabajador, quien ante la insistencia de Machicado, replicó: “¿Por qué tendría que darle mi nombre?”
La legisladora le interrumpió y le explicó que ella era una concejala y que él era un funcionario público, quien finalmente se identificó como Daniel Céspedes y el segundo como Ariel Rodríguez.
“Hoy se nos está prohibiendo la entrada y, lastimosamente, los funcionarios tampoco quieren dar ninguna información, y no debería ser así. Ellos, como funcionarios municipales, tienen la obligación de dar información. El Alcalde nos prohíbe la fiscalización que es una atribución (que nos otorga) la Constitución”, manifestó la legisladora.
Silva sostuvo que con la inspección pretendían verificar las denuncias de problemas con los lixiviados a los que se había referido el lunes. “Quien nada tiene, nada debe. Sin embargo, aquí hay una instrucción, los funcionarios están cumpliendo instrucciones de sus superiores. El que obstruye la fiscalización es el Alcalde”.
“Seguramente en estos días están subsanando estas observaciones y van a mostrar todo bonito y arregladito”, agregó.
