El Tribunal Supremo se dispone a dictar sentencia, previsiblemente este lunes, en el juicio histórico a 12 líderes independentistas catalanes por la fallida secesión de España en 2017, que sumió al país en su peor crisis política en décadas.
La expectación ante este fallo de la máxima instancia judicial española ha ido en aumento, en medio de llamados del independentismo a responder con desobediencia civil y masivas manifestaciones en Cataluña, una rica región nororiental de 7,5 millones de habitantes.
La prensa española adelantó que los siete jueces del Supremo ya acordaron por unanimidad condenar a nueve de los 12 acusados por sedición y no por rebelión, un delito contra la Constitución pasible de penas más graves, en una decisión que se divulgará, según fuentes coincidentes, el lunes o a más tardar el martes.
Sin embargo, el presidente de la sala donde se desarrollaron las audiencias entre febrero y junio, Manuel Marchena, calificó el sábado de "insensatez" hablar de una sentencia que "no está terminada hasta que la firma el último magistrado", algo que todavía no habría ocurrido.
Si se confirma que las condenas son por sedición y no por rebelión, los independentistas, nueve de ellos en prisión provisional en algunos casos desde hace casi dos años, se arriesgan de todas maneras a largas penas de cárcel por su implicación en una de las peores crisis del país desde el fin de la dictadura, en 1975.
En ausencia del expresidente catalán Carles Puigdemont, huido a Bélgica, el principal acusado es su antiguo número dos, Oriol Junqueras, para quien la fiscalía pidió 25 años de cárcel por rebelión y los abogados del Estado, 12 años por sedición y malversación de fondos.
Junto a él, los enjuiciados por los hechos que incluyeron un referéndum de autodeterminación ilegal el 1 de octubre de 2017 y la declaración de una república catalana que nunca de materializó el 27 de ese mes, son una ex presidenta del Parlamento catalán, antiguos ministros regionales y los líderes de dos influyentes asociaciones independentistas.
– Desobediencia civil y acciones sorpresa
Los separatistas catalanes, que mantienen el control del gobierno autónomo de la región, mostraron su rechazo frontal al adelanto del contenido de la sentencia.
Mientras Carles Puigdemont deploró en Twitter un "festival de filtraciones" probablemente del tribunal, la defensa de tres enjuiciados, Jordi Sánchez, Josep Rull y Jordi Turull, expresó su "total asombro" por "una flagrante vulneración del secreto de las deliberaciones" judiciales.
Por su lado, el presidente regional catalán, Quim Torra, defensor de la "desobediencia civil", llamó el sábado a la "participación masiva, pacífica, en todas las concentraciones de rechazo y manifestaciones que se harán en estas próximas semanas si la sentencia no es absolutoria".
Para la misma noche del fallo, convocaron protestas las dos asociaciones detrás de las masivas manifestaciones por la independencia de los últimos años, la Asamblea Nacional Catalana y Omnium Cultural.
Después, varias marchas saldrán de cinco ciudades de la región para unirse a Barcelona el viernes, en una jornada de huelga general.
Más incertidumbre generan las anunciadas "acciones sorpresa" de los llamados Comités de Defensa de la República (CDR), grupos de ciudadanos autoorganizados surgidos en decenas de municipios durante octubre de 2017.
Este domingo, manifestantes ocuparon la principal estación de trenes de Barcelona y luego cortaron brevemente la Gran Vía, importante avenida de la capital catalana.
En este ambiente, el gobierno central reforzó discretamente las unidades antidisturbios de la policía en la región.
– Sentencia en campaña
La sentencia volverá a colocar a Cataluña en el centro del debate político, a menos de un mes de las legislativas del 10 de noviembre, convocadas luego de que el socialdemócrata Pedro Sánchez no lograra ser reconducido al poder pese a que su partido (PSOE) fuera el más votado en abril pasado.
El gobierno de Sánchez ha abogado por "empezar a solucionar el conflicto políticamente" tras el fallo, pero el partido de Oriol Junqueras, ERC, pone en duda que eso sea posible sin una "amnistía" para los presos.
Llegado al poder en junio de 2018 con apoyo de los separatistas catalanes, con quienes intentó un diálogo que se rompió al iniciar el juicio, Sánchez no ha descartado medidas extraordinarias para garantizar el cumplimiento de la ley en Cataluña. (13/10/2019)
