Centenares de indígenas marchan este lunes hacia Quito en un abierto enfrentamiento con el gobierno de Lenín Moreno, que decretó el estado de excepción ante las protestas que estallaron hace seis días por el alza de los combustibles.
Los manifestantes provenientes de provincias del sur andino, algunos armados con palos y fuetes, avanzan desde el domingo por la noche a pie y en camionetas para protestar en la capital por la eliminación de subsidios y el consecuente aumento de tarifas.
En la población de Machachi, a 35 km de Quito, militares y policías intentaron dispersar la marcha con bombas de gas lacrimógeno. Sobre la vía también pueden verse barricadas y neumáticos encendidos, según periodistas de la AFP.
"Estaremos llegando más de 20.000 indígenas", dijo en Quito este lunes Jaime Vargas, presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (Conaie), que en el año 2000 protagonizó el derrocamiento del entonces mandatario Jamil Mahuad, cuestionado por su política económica.
El domingo, la organización también declaró un "estado de excepción en todos los territorios indígenas".
"Militares y policías que se acerquen a territorios indígenas serán retenidos y sometidos a la justicia indígena (reconocida por la Constitución)", señaló.
Varias decenas de militares, que desde el jueves fueron movilizados para restablecer el orden, están retenidos en comunidades del interior, según dirigentes indígenas.
"Estoy decidido a dialogar con ustedes hermanos indígenas, con quienes compartimos muchas causas. Dialoguemos sobre cómo usar los recursos del país para los más necesitados", manifestó Moreno por radio y televisión el domingo.
Pero Vargas replicó: "El problema es que nosotros estamos cansados de tanto diálogo. Hemos tenido llamadas, miles y miles de llamadas, y no hemos respondido hasta este momento. Mientras mi pueblo no llegue a la ciudad de Quito están cerrados todos los canales de diálogo".
Otros grupos de indígenas también se desplazan desde el norte del país para protagonizar una gran movilización este miércoles junto a los sindicatos en Quito, donde el lunes había calma tras duros disturbios de la semana pasada que llegaron a los alrededores de la casa de gobierno, en el centro colonial. La sede presidencial continúa acordonada por uniformados.
"Convocamos al paro del pueblo y la huelga nacional del 9 de octubre. Las acciones del pueblo no terminan allí si el gobierno no retrocede en las medidas", manifestó a su vez Nelson Erazo, titular del Frente Popular, que reúne a varios sectores como de trabajadores y estudiantes.
Riesgo de inestabilidad
En 16 de las 24 provincias ecuatorianas había bloqueo de vías el lunes, según un reporte del Servicio Integrado de Seguridad ECU 911.
"Las vías están siendo tomadas en diversos puntos por grupos indígenas, y esto es lamentable", señaló el ministro de Defensa, Oswaldo Jarrín.
Y advirtió que si hay "cualquier intento de llegar a Quito o cualquier lugar, o de seguir obstaculizando las vías, las Fuerzas Armadas están atentas para impedir, para evitar que escale este nivel de violencia".
Las protestas dejan hasta el momento un civil muerto, 73 heridos (incluidos 59 uniformados) y 477 detenidos (la mayoría por vandalismo), de acuerdo con autoridades.
Diversos sectores sociales rechazan en las calles y carreteras desde el pasado jueves el desmonte de subsidios dispuestos por Moreno en el marco de un acuerdo firmado con el FMI para acceder a préstamos por 4.209 millones de dólares.
La medida generó el jueves alzas de hasta 123% en los precios de los combustibles más utilizados. El galón de 3,79 litros de diésel pasó de 1,03 a 2,30 dólares y el de gasolina común de 1,85 a 2,40 dólares.
"Es una situación muy difícil que podría llevarnos a situaciones de inestabilidad, con gobiernos que caen", expresó a la AFP el politólogo Simón Pachano, de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso) de Quito.
Antes de 2007, la dolarizada y petrolera nación ecuatoriana sufrió casi una década de inestabilidad política y protestas sociales que derivaron en el derrocamiento de tres mandatarios, dos de los cuales intentaron ajustes económicos.
Ante disturbios, en los que participan también estudiantes, trabajadores y opositores, Moreno decretó el estado de excepción, que además de movilizar a las Fuerzas Armadas les da atribuciones para restringir derechos como el de la libre movilidad e imponer la censura previa para la prensa. (07/10/2019)
