Parecería inevitable que suceda: tras cuatro semanas de intensa incertidumbre política y social, pero sobre todo como consecuencia de los bloqueos campesinos en las carreteras y vecinales en las ciudades, los mercados han quedado casi desabastecidos. Igualmente inevitable parece que en tales circunstancias los agiotistas comiencen a especular con los precios de los alimentos y carburantes.
Así, el fin de la semana pasada se tuvo noticias, por ejemplo, de que el precio de la carne de pollo en La Paz, a donde llega desde Cochabamba o de los Yungas, se había elevado hasta multiplicarse por cinco; el precio de la carne de res también experimentó un incremento tal que parecería haberse convertido en un artículo de lujo. Es natural en la economía de mercado: a mayor demanda, mayor precio.
Solo que la teoría liberal de la microeconomía descansa sobre dos supuestos que las y los economistas han discutido por muchas décadas: que los agentes que participan del mercado son racionales, y está pensada para condiciones “normales” y no de excepcionales como las que vive Bolivia desde el 20 de octubre.
Se entiende así que, por una parte, la “racionalidad” de los agentes de mercado les impulsa a incrementar los precios hasta hacerlos inaccesibles para la mayoría de la población; y por otra, que ese incremento abusivo parece hasta aceptable para muchos, especialmente entre quienes pueden pagar el sobreprecio. El resto de la población debe masticar su enojo, a falta de alimentos que llevar a la boca.
Pero no solo los habitantes de las urbes sufren por el desabastecimiento de alimentos y productos de primera necesidad, al otro lado de los bloqueos hay cientos de productores, la mayoría pequeños y medianos, dependientes de las ventas inmediatas, que ven cómo sus productos recién cosechados se pudren sin poder llegar al mercado.
La respuesta fácil, casi automática, de muchos es apuntar con el dedo a quienes bloquean calles, caminos y carreteras, olvidando deliberadamente que detrás de quienes ejecutan protestas hay intereses, a favor o en contra, que producen las circunstancias para que esto sea así y, sobre todo, que su responsabilidad en el estado de cosas no sea evidente.
Tal vez para muchos de estos productores del agro exista todavía la esperanza de cobrar el seguro que el gobierno de Evo Morales creó para casos de desastre, pero ésta no es una opción para los pequeños comerciantes, y mucho menos para quienes ven achicarse su canasta familiar por causa del agio.
Los problemas no hacen más que multiplicarse para la población, que ha pasado del temor a los enfrentamientos a la aprensión del desabastecimiento, este último sí real. Entretanto, la clase dirigencial pide más y más tiempo, sin lograr un acercamiento efectivo que garantice la preservación de los cimientos de la democracia.
