La brutal violación de una niña indígena de tan solo siete años en Guanay, norte de La Paz, cometida el pasado fin de semana por un individuo que, para mayor encono, es padre de dos niños pequeños, nos recuerda la existencia de personas trastornadas que constituyen un peligro para la sociedad, por cuanto no manifiestan consideración alguna ni siquiera por los miembros más vulnerables de la sociedad cuando de satisfacer sus “necesidades” enfermas se trata.
Actualmente la niña está siendo atendida en el Hospital del Niño de la sede de gobierno, nosocomio al que tuvo que ser trasladada por la gravedad de los daños causados por esta brutal violación. Además, en el futuro deberá recibir tratamiento psicológico, ya que este tipo de agresiones dejan heridas emocionales que suelen ser más difíciles de sanar que los daños físicos. A su vez, el responsable de este aberrante acto escapó tras consumar el delito; por lo que el esfuerzo de las autoridades y de los pobladores de las comunidades afectadas se ha centrado en atraparlo.
Además de esta persecución, sería deseable que éste y otros casos que avergüenzan a la población en general motiven programas de largo aliento, orientados a identificar a los potenciales pederastas, con el fin último de ofrecerles terapias gratuitas para eliminar o al menos controlar el trastorno que padecen. De lo contrario, si los esfuerzos estatales siguen orientados exclusivamente a sancionar a los responsables, en una suerte de afán por aplacar la ira de la población con chivos expiatorios, aberraciones de esta naturaleza seguirán repitiéndose en el país.
