El racismo, ese estado de incriminación violenta verbal o en actos a los otros o de esos otros hacia nosotros, en Bolivia ahora es agitado desde el poder y desde los sectores de la vieja oligarquía. Ese sentimiento de superioridad y estigmatización, que deja una marca indeleble en el imaginario social, que termina marcando el cuerpo a partir de rasgos somáticos, es un hecho que viene empujado desde los intereses particulares y corporativos. Unos para salvar el pellejo y otros para recuperar lo perdido.
Y ¿quiénes realmente sufren en carne propia este hecho? El indio, que paradójicamente es la mayoría cultural y demográfica del país. Dado que lo aymara, quechua o guaraní hoy hacen el cuerpo social de las grandes ciudades de Bolivia, sea en su forma cultural o en otras, como identidad y autodefinición. El poder utiliza a ese actor para arroparse de ser parte de ese pueblo cuando, sin embargo, vació su sentido de lucha y utilizó sus símbolos para apropiarse y así quedarse en el poder. Y la oligarquía añeja consabida y de resabido discurso y acciones está reabriendo estigmas como los de antes de la Guerra Federal de 1899, para terminar luego crucificándolo de ser criminal y antropófago. Ese es el sustrato fundamental de las nuevas agitaciones racistas de uno y de otro lado.
El Gobierno intentó luchar contra ella, pero, por el excesivo abuso folklórico de la imagen del indio, terminó empeorándolo. Y desde el otro lado, el odio está en los cimientos más íntimos de su ser.
La izquierda y sus sustratos piensan que aplicando la polarización van a separar aguas, pero en Bolivia no separan aguas, sino las enturbian peligrosamente para luego sacar otros réditos oscuros. Algo así ocurrió después de 16 años de la Guerra de la Independencia de Bolivia, cuando llegan los Olañetas y fundan un país hacienda. Y los atavismos coloniales de la vieja oligarquía siguen ese juego para igualmente pensar que luego sacarán provecho. Dado que después los irreconciliables se reconcilian como José Manuel Pando y Fernández Alonso o como Jaime Paz Zamora y Hugo Banzer Suárez.
Ahí estan los ejemplos históricos del uso del indio, que ha definido siempre el destino de la política en Bolivia. Pero ahora está en un lugar incómodo porque el fundamento moral aparente es para defender lo indefendible. La corrupción, el clientelismo, la eternidad de los caudillos en el poder, incluso con la tragedia de que sus pares fueron violentamente reprimidos en Chaparina, Achacachi, los Yungas, Caranavi, UPEA-El Alto, los cooperativistas mineros, los discapacitados, etc.
Se descubre ahí una especie de autoflagelo porque el indio o indígena en sentido de política correcta no es gobierno real, sino sobrevive en pequeños nichos del poder, dado que los negocios del poder están en otras manos. Ese es un racismo institucional del Estado.
El racismo en este sentido tiene varios niveles sustantivos que pueden expresarse de manera institucional, académica, política y social. Durante este periodo hemos vivido desde el poder nuevas formas de racismo que llamaríamos sutil. Se alaba al indio, pero luego se le asesta un puñal por la espalda. Caso Chaparina, Tariquía o Achacachi. Y sus pares paradójicamente son ahora los que salen a las calles a defender estos racismos del Estado. Y no sería nada raro que luego terminen como Pablo Zarate Willka y los Willkas, echados de la historia.
Y desde el otro lado también hay un uso del indio o de la mujer de pollera (como en algunos shows televisivos, que cierto periodista catalogó de “televisión basura” en Santa Cruz), aunque esto antes del 20 de octubre de 2019. Y ahí el racismo es atávico, puesto que viene desde cientos de años de desprecio al indio, de uso de la mano de obra esclava, un hecho dado, por ejemplo, con los guaraníes y la violación de sus derechos ahora y antes, como lo hicieron los españoles en Cusco y en otras regiones, y también quienes llegaron desde Paraguay. Es tan añejo y por eso es peligroso que tiene intrínseco un juego alevoso y criminal como lo que hoy ocurre en ciertos lugares de Santa Cruz y en otras regiones.
